En la ciudad de México la basura tendría que separarse para su mejor aprovechamiento y la muerte digna debería ser una constante en todos los hospitales. Nada de ello ocurre porque cuando se crearon esas leyes gobierno y legisladores supusieron que la dictaminación, aprobación y publicación de una ley llevaba incluida su viabilidad y las condiciones para aplicarla. Desde luego, no fue así.
Y no es que sea mala idea plasmar en la legislación las más altas aspiraciones de progreso de un Estado, pero al menos en estos casos las buenas intenciones quedaron sólo como eso por la falta de información a la ciudadanía, la inexistencia de infraestructura para operar los cambios y la nula capacitación al personal responsable.
La obsolescencia de las normas es un cáncer que afecta a toda la República. La Ley Federal de Fomento para la Lectura y el Libro no tiene reglamento desde su entrada en vigor el 24 de julio de 2008, una falta de interés del Ejecutivo central que se traduce en la desaparición de librerías.
Más sonada ha sido la constante violación a la reforma electoral de 2007. Con el objeto de impedir la entrada de dinero ilegal a las campanas políticas y para brindar equidad a las elecciones, el Congreso de la Unión prohibió la compra de propaganda en medios electrónicos. El resultado fue el descarado incumplimiento de la disposición por parte de funcionarios y candidatos sin que el IFE o el Tribunal Electoral impusieran a los partidos políticos el orden constitucional que ellos mismos aprobaron meses antes.
Para asegurar el apego al estado de derecho de toda la sociedad, legisladores, gobernadores y altos funcionarios tendrían que empezar por aplicar sin titubeos ni excepciones las leyes que crean. La impunidad se alimenta con omisiones tan sencillas como ignorar la separación obligatoria de la basura.
El Universal
