El Senado mexicano tiene la obligación de velar por el buen desempeno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así lo prevé la Constitución y por ello son los representantes de la Cámara Alta los encargados de nombrar a quien preside a este órgano, y también a las y los integrantes de su Consejo Consultivo.
La Comisión de Derechos Humanos del Senado es justamente la que debe evaluar la tarea desplegada por José Luis Soberanes. Sin embargo, los integrantes de esta comisión legislativa no se han reunido durante los últimos 18 meses. Por tanto, no poseen ninguna valoración.
Estos legisladores también debieron nombrar a cuatro de los 10 integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH y no lo han hecho. En los hechos, ese consejo está integrado de manera ilegal ya que se mantuvo en su cargo a quienes debieron haber abandonado hace tiempo esa instancia.
No es la única irregularidad relacionada con la comisión senatorial. El ex senador por Oaxaca, Miguel Sadot Sánchez -quien fuera presidente del órgano legislativo encargado de ratificar a José Luis Soberanes-, labora hoy como funcionario de la CNDH. No es admisible que el elector de Soberanes haya sido luego elegido para trabajar como empleado de la CNDH.
Si el Senado se sigue permitiendo tanta indolencia será necesario recriminar a los legisladores, en primera instancia, por las críticas lanzadas hacia la CNDH. Ya es hora de que los líderes de la Cámara Alta tomen cartas en el asunto, nombren a los integrantes del Consejo Consultivo faltantes, revisen el papel jugado por el presidente Soberanes y se preparen con seriedad para llevar a buen puerto el inminente proceso sucesorio.
Sobre ellos habría de pasar ahora la atención en torno de la situación de los derechos humanos en nuestro país. El Universal
