"Una agresión como con la que se ha herido a la sociedad mexicana con la expulsión ""editorial"" de Carmen Aristegui de W Radio no es un hecho aislado. Tampoco necesariamente el resultado de una conspiración, en el sentido tradicional del término, o de un acto ilegal. Es otra manifestación de que México tiene ""duenos"", y que son unos cuantos, muy pocos. Senores y senoras elegantes y de buenas costumbres, con inmensas riquezas y no mucha ni muy sofisticada educación. Al cabo que no es necesaria. Y senoras y senores de menos buen ver y más feas costumbres que concentran el poder de privilegio del corporativismo.
En un país de siervos que no consiguen del todo volverse ciudadanos, los ""duenos"" de México tienen la sartén por el mango. Dictan, cosechan, cobran, aglomeran, vulneran, ensucian y, sobre todo, acumulan, amasan fortunas gigantescas y sesgan los rumbos nacionales amparados en la debilidad del Estado, es decir, en la precariedad de la institucionalización de los derechos de las personas.
Contratan, corren y despiden, evaden impuestos, tienen derecho de picaporte y de pataleo. Nadie se mete con ellos. Cuando tienen problemas los resuelven con facilidad echando mano de su influencias sobre el poroso y manipulable sistema político.
Las raíces de esta situación pueden encontrarse en la circunstancia trágica de que la transición política del sistema presidencialista de partido hegemónico a la democracia no ha sido acompanada por una reforma institucional que reemplace el poder centralizado y piramidal que culminaba en la Presidencia de la República.
En el pasado, ese sistema de poder hacía posible que la agregación de los más fuertes intereses, como los de las grandes empresas y sindicatos, los factores de presión externos y los intereses políticos diversos estuvieran bajo control del presidencialismo y un solo partido que, a su vez, controlaban las organizaciones de influencia económica, social y política fundamentales.
Al desaparecer el viejo sistema, estos grandes factores de poder subsisten y se han transformado de diversas maneras. Pero, en esencia, carecen del control necesario que debe corresponder a una sociedad moderna con una economía competitiva, regulada, próspera; con un sistema de administración y procuración de justicia que haga cumplir por igual los derechos de los individuos, sin sesgos ni privilegios que distorsionen el principio de igualdad jurídica a favor de unos cuantos intereses concentrados. Estas son las instituciones que los nuevos conductores de la política nacional, los partidos políticos y sus miembros electos directa o indirectamente para ocupar los cargos fundamentales de decisión legislativa, ejecutiva y judicial no le han dado a México. Este es el contexto en el que se producen decisiones como la expulsión de Aristegui de W Radio.
Recientemente, el Banco Mundial publicó un informe sobre México que expone con toda crudeza y precisión esta lacerante realidad. En el documento ""La trampa de la desigualdad y su vínculo con el bajo crecimiento en México"" sus autores, Isabel Guerrero, Luis Felipe López Calva y Michael Walton, sostienen que en México hay un desfase profundo entre las estructuras de la desigualdad, las políticas económicas y el crecimiento. La enorme desigualdad de riqueza y poder para incidir en las políticas públicas, en el diseno de instituciones como la legislación, el sistema de justicia y los instrumentos regulatorios destinados a evitar prácticas de monopolio, propicia el reforzamiento de las peores prácticas que llevan al país a un pobre desempeno económico.
Los más claros ejemplos, senala el documento, son los grupos económicos más poderosos y los grandes sindicatos. Ambos alcanzan tales niveles de concentración o influencia que consiguen sistemáticamente inclinar la balanza en su beneficio, excluyendo del bienestar a la mayor parte de la sociedad. Algunos datos permiten ver esta realidad escalofriante.
Mediante el análisis de la información ofrecida por el INEGI y las bases de datos de la revista Forbes, que publica anualmente la lista de los más ricos del mundo, el informe llega a la conclusión de que los multimillonarios mexicanos ""tienen un ingreso potencial de casi 400 veces el 0.1% más alto de la encuesta (de Ingreso y Gasto de los Hogares del INEGI) y casi 14 mil veces el del promedio de la población"". Por otro lado, ""aunque las ganancias de todos los trabajadores del cuartil (25%) superior de la distribución crecieron menos de 3% en términos reales entre 2000 y 2004, los grupos corporativistas vieron crecer su ingreso en casi 50% en las telecomunicaciones y cerca de 30% en el petróleo"". En una proporción distinta, pero con la misma tendencia, otro tanto ocurre con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Ni el Congreso ni las instituciones reguladoras como la Comisión Federal de Competencia, o el Poder Judicial representan, hoy por hoy, recursos para contrarrestar adecuadamente estas distorsiones. Obviamente, el Poder Ejecutivo tampoco puede hacerlo ya, pues ya no es el poder centralizado y piramidal de antano.
El resultado es que la forma en que está organizado el país nos condena a un desarrollo mediocre, donde no hay posibilidades para aprovechar las oportunidades del trabajo creativo y productivo en beneficio de todos y cada uno.
México sigue atrapado en los tentáculos del anacronismo de un viejo sistema institucional que no muere y otro que no consigue nacer. Mientras tanto, los partidos políticos, sin excepción, se dedican en lo fundamental a gestionar los intereses de los mismos grupos concentrados que son la herencia del pasado y a los que han sumado los suyos propios. Así hay que entender las palabras de un senador del PRD que le advirtió a la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), que es probable que no tengamos una nueva ley de medios. ?Claro! Los medios electrónicos son un nicho fundamental de los ""duenos"" del país. [email protected]
* Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
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