Ayer hubo reacciones a las palabras emitidas por el ministro Mariano Azuela, presidente del Poder Judicial de la Federación, cuando reclamó a la Procuraduría General de la República (PGR) la forma en que canceló el juicio por desacato en contra del ex jefe de Gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador, sobre el polémico caso del predio El Encino, en abril pasado.
Estas opiniones reabrieron un debate que parecía cerrado, pero que para el Poder Judicial tiene vigencia en tanto que sirve, entre otras cosas, para ejemplificar lo necesario que será, a futuro, cuidar que las decisiones legales no queden subordinadas a los tiempos políticos.
Ciertamente, todos los actores sociales tienen la obligación, como lo senaló el ministro Azuela, de fortalecer en el país el Estado de Derecho. Ello implica respetar hasta sus últimas consecuencias las resoluciones que el Poder Judicial emita; sólo así los mexicanos podremos estar seguros de que nuestro marco jurídico funciona y es confiable en cualquier circunstancia. Más aún, son los otros dos Poderes de la Unión, el Legislativo y el Ejecutivo, los más comprometidos con el cumplimiento de la legalidad y el orden, lo que garantizará que se cumpla el debido equilibrio que ha de imperar entre los tres. Aun así, también es necesario asumir actitudes prácticas y ver con mucho cuidado asuntos que pudieran estar superados por circunstancias para las que en su momento hubo explicación.
Importa mucho el mensaje de legalidad que emite la SCJN, pero vale asumirlo como una lección para el futuro, no como una oportunidad para retrotraer el debate político nacional, lo que muy seguramente, podría llevarnos a espacios de discusión inconvenientes en este momento.
Debemos estar atentos al proceso electoral de 2006, y si bien las observaciones del ministro Azuela forman parte del clima político de hoy, también es cierto que debemos concentrar los esfuerzos de todos hacia puntos que configuren un proceso electoral transparente y sin complicaciones.
La tregua política de fin de ano a la que ha convocado el Instituto Federal Electoral tiene, entre otros propósitos, el de dar el suficiente respiro a partidos y candidatos para consolidar sus plataformas y razonar sus siguientes pasos.
Es bueno que todos los actores políticos se digan partidarios de la legalidad y mucho mejor será que lo demuestren durante los meses de campana que están por delante. Asimismo, será de invaluable apoyo para todos que el Poder Judicial observe con detenimiento el proceso electoral y advierta, a través de las instancias que dependen de él, si algo de lo que hagan partidos, candidatos o ciudadanos está normado o es ilegal.
El de julio de 2006 debe ser un proceso electoral impecable en su desarrollo para que los gobernantes y legisladores que emanen de él no tengan sobre sí ninguna sombra de duda o sospecha. Autoridades legítimas sólo pueden ser producto de que, desde hoy, se hagan las cosas con propiedad y apego legal debido.
Como quiera que sea, lo dicho por el ministro Azuela no debe echarse en saco roto. Sus palabras deben ser entendidas como un llamado de alerta en el sentido de que los encargados de velar por la salud judicial del país estarán presentes y denunciarán todo aquello que sea reprobado por el Derecho. El ministro sabe lo que dice, seguramente, el porqué y el momento en que lo afirma. Atendamos su observación al tiempo que caminamos con mayor rigor legal hacia julio de 2006. (El Universal)
