Ciudadanos que pagan impuestos cuyos cobros fiscales son de monto menor, es decir cinco veces el salario mínimo elevado al año, 113 mil pesos, vieron reducido de 45 a sólo 15 días el plazo para su defensa ante actos de las autoridades fiscales federales, lo cual motivó que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente solicitara la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De acuerdo con la Procuraduría, la mayoría de los contribuyentes que acuden ante ella están en ese supuesto, ya que no tienen recursos suficientes para contratar un abogado particular, pero además desconocen los términos para presentar una demanda y resulta sumamente difícil para el auxiliar del contribuyente preparar una defensa legal en 15 días ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Es el caso que ha venido siendo tratado por el máximo tribunal del país, el cual, según el ombudsman, deberá resolver hoy miércoles a favor de estos causantes. En argumentación de lo anterior expone con razón suficiente que la creación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente debió sortear muchas dificultades, y apenas está empezando a darse a conocer, por lo que limitar el plazo de defensa para quienes principalmente se benefician de sus servicios, sería interpretar el Artículo 1° de la Constitución en contra de los más desfavorecidos o vulnerables.
Las expectativas de la Procuraduría crecen debido a que la ponencia se encuentra a cargo del ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea, quien, en su opinión, se ha caracterizado por proponer proyectos garantistas en beneficio de los ciudadanos.
Es así que un caso por demás interesante, pero además de trascendencia no sólo por el número de contribuyentes que están en ese rango, sino por la precariedad que implica su estatus, al definirse enviará también un mensaje al contribuyente que desea cumplir con sus obligaciones, pero a la vez demanda un trato considerado, sin la displicencia de una maquinaria burocrática que no atiende razones ni argumentaciones por válidas que puedan ser.
No obstante, contribuir es una obligación que, como ya se ha planteado, garantiza una mayor justicia social, lo cual es un fin en sí mismo dentro del convenio social.
