"Sergio Granda * CP. Tanto el diputado local priísta Víctor Ortiz del Carpio como el edil de Bochil, Miltón Fernando Hernández Pérez, han sido señalados como incitadores de la violencia ejecutada por habitantes de 13 comunidades, quienes presumen fueron manejados para concretar los fines políticos de los sindicados, lo cual es bastante reprobable.
Luego de que en días recientes fueron incitados a la presión política y violenta por parte de estos dos personajes de la política priísta, el representante comunitario Lázaro Cruz Bermúdez comentó: ""Nos intentaron utilizar a los campesinos de 13 comunidades, al resultar beneficiados con proyecto de una obra de agua potable por un monto de más 108 millones de pesos para la comunidad La Cañada, municipio de Bochil, pero en realidad ya nos dimos cuenta que sólo persiguen sus aspiraciones políticas.""
Sobre Ortiz del Carpio y el munícipe de Bochil, argumentan que el proceder de los dos priístas sindicados se debe a que actualmente no dejan un cargo cuando ya están buscando tanto la diputación federal como la diputación local, respectivamente.
Consideran que luego de darse cuenta que estos dos personajes priístas los pretendieron usar para realizar un tapón de carretera, con el fin de presionar al gobierno estatal y lograr que este recurso se aplicara vía ayuntamiento municipal, tanto Ortiz del Carpio como Hernández Pérez en realidad sólo están buscando salir beneficiados con este recurso.
Los quejosos indican que en estas acciones concurre la complicidad compartida de varios personajes de esta ciudad capital de Chiapas, por ello, a nombre del grupo de campesinos e indígenas afectados, piden a las autoridades estatales y federales tomar cartas en el asunto y evitar futras acciones de provocación política que pudieran desatar la violencia en esta Zona Norte.
Finalmente el grupo de manifestantes dijo esperar a que las autoridades y dependencias involucradas manden personal capacitado a supervisar la obra y así ver que se aplique el recurso como está estipulado en el proyecto, además de que es mejor que lo maneje Gobierno estatal, ya que el edil y el diputado están actuando en complicidad para desviar el recurso para sus fines políticos.
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