Una sentencia de amparo por ley se debe brindar en 90 días naturales, sin embargo el magistrado ponente, Miguel Moreno Camacho, ha retrasado una sentencia por siete meses, violando así las garantías constitucionales de dos ejidatarios y el proceso del juicio de garantía.
Por considerar omisión y dilación de emitir la resolución en términos del artículo 183 de la Ley de Amparo en vigor, se levantó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra Moreno Camacho, magistrado del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, derivado del juicio de amparo directo número 125/2017.
“Se tramitó un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario donde se demandó la reivindicación de derechos ejidales de dos ejidatarios, ya que en su momento se expropiaron al ejido Madero parte de sus tierras para la ampliación del proyecto del ZooMAT. Se le puso un valor de 33 millones de pesos, que sería repartido entre 50 ejidatarios”, señaló Guillermo de León Samayoa, representante legal de dos ejidatarios.
Agregó que a cada ejidatario le correspondían aproximadamente 674 mil 900 pesos, sin embargo el comisariado ejidal de aquel momento entregó a cada ejidatario 275 mil pesos; el Gobierno del Estado en julio comprobó haber pagado los 33 millones de pesos, en tres partidas presupuestales.
Es decir que se desconoce el paradero de aproximadamente de 18 millones de pesos, por lo que se interpone un juicio en el Tribunal Unitario Agrario.
