"Es una mala señal para la convivencia de los poderes de la Unión el rechazo del Senado a la terna presidencial para ocupar la vacante de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dejara José de Jesús Gudiño Pelayo, recientemente fallecido. La Cámara alta no logró que alguna de las tres jueces propuestas para el cargo alcanzara las dos terceras partes de votos que pide el artículo 96 constitucional para su nombramiento.
Si bien el procedimiento está constitucionalmente contemplado y se tendrá que reponer mediante el envío de una nueva terna propuesta por el Poder Ejecutivo, resulta políticamente inusual que fuera el partido político del propio Presidente de la República el que impidiera alcanzar el consenso necesario para sacar adelante un nombramiento. Esto sólo quiere decir que más que una terna, lo enviado al Senado fue una candidata preferida, acompañada de dos personas más a quienes el partido en el poder tenía la consigna de no apoyar.
También exhibe que tras el envío de las propuestas -realizado al límite de los tiempos previstos por la ley- no hubo un trabajo previo de cabildeo con todas las fuerzas políticas representadas en el Senado, lo que llevó el tema a la confrontación partidista dentro del pleno, lo que tampoco resulta propio de la convivencia entre poderes, sobre todo cuando lo que está de por medio es la estabilidad de un tercer poder, el Judicial, cuyos trabajos se encuentran afectados por la falta de un ministro.
Peor aún. De acuerdo con el texto constitucional, si tras el envío de una nueva propuesta tampoco hubiera mayoría ""ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República"". Tal posibilidad, si bien es legal, no sería justa para la Corte.
Por su vital papel de eje de la legalidad en México, la SCJN no puede quedar bajo la sospecha de estar integrada por personas identificadas con ninguno de los otros dos poderes de la Unión. El perfil de ministro ha de estar más allá de partidarismos o colores, por lo que se impone el consenso basado en trayectorias profesionales, en antecedentes jurídicos, en exposiciones académicas y en comportamientos concretos de jueces probados.
Por el bien de la nación, por el del equilibrio entre los poderes de la Unión y del devenir judicial en el país, la reposición del procedimiento para elegir al nuevo ministro o ministra ha de ser impecable, sin mancha de polémica, duda o sello partidista. Tal es la única manera de poder confiar en que tendremos ministros en verdad libres de ataduras o lealtades sospechosas. (El Universal)
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