El bloqueo carretero hacia tres comunidades rurales de Tapachula se mantiene, no se permite el paso de transporte público ni unidades de servicios, sin que ninguna de las tres partes en conflicto cedan a las exigencias.
Dos jueces rurales señalan que sus comunidades han determinado cobrar una cuota de paso de 200 pesos mensuales por cada unidad de transporte colectivo; mientras que el tercer ejido afirma que sus pobladores son afectados y tienen que caminar cinco kilómetros para abordar vehículos que los lleven a la cabecera municipal. En tanto, los transportistas señalan que no se dejarán extorsionar con un cobro ilegal.
El lunes por la tarde, en la Delegación de Gobierno de Tapachula, las autoridades ejidales de Unión Miramar, la comunidad más alejada en el conflicto y en la que empiezan a escasear productos de la canasta básica porque no dejan pasar a los camiones, fueron citadas para sostener una reunión con el representante gubernamental, Jorge Matalí Loranca, pero este estuvo ausente y en su lugar acudieron dos de sus colaboradores, sin que hubiera avances en el conflicto.
Y es que en el ejido Miramar la población exige a sus autoridades: Daniel López Palomeque, Lic. Nicolás León Toral y Reynaldo Pérez López, presidente del comisariado, secretario y tesorero, respectivamente, a que acudan ante las instancias de justicia, de seguridad y de gobierno para que se permita el libre tránsito de los vehículos. Señalan que la tienda comunitaria de Diconsa y las tienditas de abarrotes se ha quedado sin productos, principalmente harina de maíz y granos, además que en muchos hogares no hay gas, entre otras carencias.
