"Frecuentemente llegan a la prensa denuncias diversas sobre daño ambiental, y se han tenido que dirimir en este espacio público porque en el ámbito de la justicia parecieran no responder a las expectativas de quienes recurren a esa instancia en pos de resolver algún problema; las ha habido del municipio de Las Casas, Villaflores, Tapachula, y de otros muchos, interpuestas por individuos o grupos ciudadanos, sin que a la fecha haya una garantía de solución efectiva debido a múltiples factores: intereses económicos, de fuerza social como la que oponen organizaciones de todo cuño, o llanamente por falta de voluntad oficial.
No obstante, ahora, al parecer se abre una posibilidad para que las comunidades afectadas por leyes, actos u omisión de la autoridad puedan acudir al juicio de amparo en forma colectiva. En días pasados se dio a conocer que organizaciones no gubernamentales -entre ellas Greenpeace México- presentaron el ""Manual de acciones colectivas y amparo para lograr la justicia ambiental""; la guía, de 23 páginas, pretende proporcionar un entendimiento más sencillo de los procedimientos que se siguen al hacer uso de la figura del amparo colectivo. De acuerdo con dicho planteamiento, este medio jurisdiccional al que es posible recurrir en calidad de quejosos de forma sencilla, sin dilaciones, prescinde de procedimientos individuales con resultados contradictorios.
Se trata de una nueva forma de acceder a la reparación del daño ambiental y de facilitar instrumentos para cuestionar aquellos actos de la autoridad que puedan ser violatorios de los derechos de las personas en las comunidades de todo el país.
Estas organizaciones esperan que con estos nuevos instrumentos jurídicos, empresas y gobiernos se comprometan con el cumplimiento y la práctica del derecho humano a un medio ambiente sano y el principio de que quien contamina paga, aunque se espera privilegiar la prevención de los daños sobre la reparación, además de la aplicación del principio precautorio; por todo ello hacen un llamado a conocer y utilizar este nuevo instrumento jurídico disponible que permitirá una mejor defensa, protección y representación grupal de los derechos e intereses de los miembros de la colectividad.
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