Alrededor de 800 integrantes del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) de Chilón y Cancuc, marcharon este jueves en el municipio de Tumbalá, en el norte de la entidad, para protestar por “el aumento de la violencia que se vive en el país, producto de una fracasada estrategia de combate al crimen organizado y de las luchas intestinas por el poder de las diferentes facciones de la burguesía”.
En un comunicado aseguraron que “el objetivo de la crisis de seguridad e ingobernabilidad impulsada desde Estados Unidos es desmantelar y fragmentar las naciones y Estados a través de la violencia criminal, dejando libre el paso a las empresas transnacionales que buscan despojarnos y saquear nuestro territorio; con el pretexto del desbordamiento de la violencia se justifica y legitima la militarización en todo el país y estados”.
Políticas de hostigamiento
Aseguraron que en Chiapas “esta política se concreta con el hostigamiento permanente a las comunidades localidades organizadas que defienden la vida, el territorio y su derecho a la autonomía; como viene sucediendo en las comunidades zapatistas, comprobamos una vez más la continuidad de la estrategia de contrainsurgencia; sumada a esa realidad lacerante, avanza el control del territorio por los cárteles…”
Los manifestantes comenzaron la movilización en las instalaciones de la secundaria técnica y después de caminar más de dos horas concluyeron en el parque central, donde leyeron un comunicado en el que exigieron justicia para Simón Pedro Pérez López, catequista y ex dirigente de la agrupación Las Abejas de Acteal asesinado en Simojovel hace dos años. También demandaron la liberación de cinco indígenas, colaboradores de la parroquia de Cancuc, presos “injustamente” en el penal de San Cristóbal.
En la marcha participaron también miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI) de la región Selva-Note, del Frente Único de Organizaciones Sociales de Tumbalá y de la agrupación llamada la Fuerza de las Organizaciones Autónomas del Pueblo Presente (SFOAP), las cuales denunciaron atropellos a sus derechos humanos y una ola de violencia, persecución, ejecuciones extrajudiciales, intimidaciones e intento de desapariciones forzadas, para tratar de frenar cualquier movimiento que busca y lucha por una vida digna.
