Decenas de indígenas pertenecientes a un grupo de 241 desplazados del municipio de Chenalhó, desde hace casi un año marcharon en San Cristóbal de Las Casas para pedir al gobierno la instalación de una mesa de diálogo “encabezada por una persona que conozca la realidad y cultura de nuestro municipio, de preferencia indígena, con capacidad y facultades suficientes para coordinar los trabajos y obligar a que las instituciones oficiales acudan y cumplan los acuerdos a que se llegue”.
Los tsotsiles marcharon ayer al mediodía desde el templo de Guadalupe, ubicado en el oriente de la ciudad, a la Plaza Catedral, donde Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos Ku’untik (Lo nuestro), leyó un comunicado en el que informó que no acudirían a una reunión programada para este jueves, en protesta porque serían atendidos “por un funcionario de cuarto nivel”.
Los 241 indígenas se desplazaron el 26 de mayo del ejido Puebla, Chenalhó, como consecuencia de la disputa por el Ayuntamiento entre la alcaldesa Rosa Pérez Pérez y el síndico Miguel Sántiz Álvarez. Los tsotsiles están refugiados en esta ciudad.
“Desde el desplazamiento hemos venido exigiendo al Gobierno del Estado justicia para los deudos de Guadalupe Cruz Hernández (asesinado el 26 de mayo), libertad para los presos Javier y José Cruz, reparación de los daños materiales e inmateriales y condiciones favorables para el retorno de las 46 familias a su comunidad”, dijeron.
Demandaron que mientras continúan desplazados, se atiendan sus necesidades básicas, como alimentación, vivienda, educación, salud, trabajo y seguridad.
Agregaron que “vemos con preocupación que en nuestra comunidad, ejido Puebla, y en nuestro municipio, Chenalhó, aún hay desestabilidad social y se puede agravar, ya que se acercan las elecciones municipales. Consideramos urgente que todos los actores políticos y sociales involucrados en el conflicto que se vive en nuestro municipio actúen de manera consciente para conseguir la paz y podamos vivir de manera armoniosa”.
Manifestaron que “a casi un año de haber sido desplazados por hechos de violencia que derivaron por desacuerdos por las elecciones municipales, las 241 personas hemos tenido que vivir fuera de nuestra comunidad de origen y en condiciones de precariedad”.
