La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras) en un análisis retrospectivo de lo documentado en su registro, llegaron a la conclusión de que en los últimos años el mes de marzo ha sido el periodo que ha marcado el pico anual más elevado de agresiones contra defensoras.
Así durante los meses de marzo de los últimos cuatro años, de 2020 a 2023, registraron dos mil 901 agresiones en México, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
Consideraron no es casualidad lo anterior, puesto que hay un contexto de creciente estigmatización y criminalización al movimiento feminista en la región.
Ubicando la jornada extenuante de lucha y justicia en el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, “cuando miles de mujeres en toda la región alzamos nuestras voces en las calles y en las redes sociales para seguir avanzando juntas en la conquista de nuestros derechos”.
Agresiones
Las principales agresiones documentadas por la IM-Defensoras a nivel regional durante los meses de marzo del periodo analizado, fueron: hostigamientos (418); violencia física, verbal o psicológica (365); amenazas (261).
Además de impedimentos o ataques por comunicar o recibir información (170) o por manifestarse pacíficamente (156); campañas de desprestigio (161) y ciberacoso (72).
También documentaron 65 detenciones arbitrarias; 45 inicios de causas o juicios penales, fiscales o administrativos que no corresponden a los hechos o que claramente descansan en hechos falsos; y 58 agresiones que involucran el uso excesivo de la fuerza.
Dentro de las agresiones identificaron elementos que evidencian la violencia diferenciada contra las defensoras por el hecho de ser mujeres y/o disidencias sexo-genéricas: diversas expresiones de violencia sexual (acoso, abuso, tocamientos, amenazas con connotación sexual y violación).
Asimismo, amenaza a familiares, campañas de desprestigio y ridiculización para descalificar nuestro trabajo y liderazgo; agresiones que niegan la identidad de género de las mujeres trans; y el uso de expresiones misóginas, gordofóbicas, homofóbicas y transfóbicas.
Feministas y periodistas en la mira
La mayoría de las agresiones documentadas durante estos meses de marzo fueron perpetradas contra activistas feministas movilizadas en el marco del 8 de marzo; especialmente contra grupos de defensoras que participaban en acciones colectivas (62 %).
En este contexto, las mayor cantidad de agresiones fueron hacia quienes defienden los derechos de las mujeres (23 %), a quienes defienden el derecho a la información y la libertad de expresión dando cobertura periodística a las protestas (20 %), y quienes defienden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (16 %).
Los Estados, principales agresores
En coherencia con la tendencia del resto del año, actores vinculados a los Estados representan el 45 % de los perpetradores del total de agresiones registradas en los meses de marzo. De estos, 25 % fueron agentes policiacos y 20 % autoridades públicas (municipales, estatales, federales o nacionales).
Es importante destacar que el rol del Estado como perpetrador aumenta hasta el 58 % con relación a acciones colectivas de protesta que son objeto de represión.
Casi la mitad (44 %) del total de estas agresiones registradas en los meses de marzo se dieron a través de medios digitales (redes sociales, teléfonos celulares, correos electrónicos o sitios web).
Por otro lado, debido al anonimato que permiten las redes sociales y al aumento de nuestros registros de agresiones digitales, los usuarios virtuales desconocidos representan 15 % de los agresores a organizaciones o grupos de defensoras.
En México en cuanto a la represión para contener la marea feminista en las calles, entre 2020 y 2023 documentaron mil 239 agresiones contra defensoras en México durante el mes de marzo.
De estas, 66 % se dieron en acciones colectivas, incluyendo: 201 situaciones donde se ejerció violencia física, psicológica y verbal en contra de defensoras; 85 agresiones para limitar el derecho a comunicar y/o recibir información.
Además de 51 limitaciones, impedimentos y/o ataques por manifestarse pacíficamente; 51 agresiones donde hubo uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades públicas y 39 detenciones arbitrarias.
