Según el inventario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) existen 116 bancos de materiales pétreos en Chiapas, utilizados para la construcción y mantenimiento de carreteras. Entre ellos se ubica uno entre los límites de Tuxtla Gutiérrez y el municipio de Suchiapa.
Se trata de la empresa denominada El Dulce, de extracción de roca caliza, propiedad particular y con uso de explosivos Sin Restricciones (SR), como se observa la nomenclatura del documento; sin embargo pobladores de la zona señalan que existen por lo menos otras cinco empresas extractoras, de las cuales desconocen su regularidad y legalidad.
Desde la carretera Emiliano Zapata que conduce a la colonia Real del Bosque, al extremo Sur-Poniente de esta ciudad capital, se puede observar pedazos blancuzcos sobre las paredes de los cerros, evidencia de la extracción de material pétreo y de daños irreversibles en el suelo y subsuelo.
Es probable que El Dulce sea una empresa con licencia y legalidad, sin embargo, las otras cuatro de la zona no aparecen en el documento de la SCT, ni en ningún otro lado, pero las consecuencias de sus extracciones sí.
Al acudir a la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural (SMAHN), para ver si la dependencia tenía conocimiento de las demás extractoras, personal del lugar aseguró que ese tema es del ámbito federal y le compete a la delegación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Materiales (Semarnat).
Dicha dependencia se halla bajo la titularidad de Amado Ríos Valdez, mismo que otorgó una licencia de funcionamiento a la empresa Cales y Morteros del Grijalva en julio del 2016, bajo el número 127DF/SGPA/UGA/DMIC/49032016.
La licencia fue otorgada a pesar de los daños en la salud que ha ocasionado esta calera a los habitantes de la ribera Cahuaré y otros poblados.
Pobladores de la localidad Emiliano Zapata señalaron que algunas de estas empresas llevan aproximadamente 20 años de funcionamiento y por tanto también desconocen si las licencias de funcionamiento, que año con año se brindan, siguen vigentes.
Incluso, una de estas compañías al extremo sur de Tuxtla Gutiérrez fue clausurada en el 2013 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero al paso de unas días el inmueble continuó su funcionamiento.