La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) informó que Chiapas es una de las entidades con mayor número de asentamientos irregulares en el país, al concentrar entre 350 a 550 mil viviendas sin escritura; entre ellas, el 70 y 80% se encuentran en ejidos y comunidades.
La institución informó que a raíz de esta problemática otorgarán certeza jurídica sobre su vivienda a 36 mil familias en 2020 en todo el país; entre ellas, en habitantes de municipios como Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Comitán de Domínguez.
“Tener un título de propiedad garantiza a las familias, en el corto plazo la certeza sobre su patrimonio, les permite acceder a financiamiento público y privado para la vivienda y para la infraestructura urbana, así como al mercado secundario de vivienda”, afirmó la institución.
En el mediano y largo plazo se fortalece el ordenamiento territorial, se reducen los costos sociales, económicos, territoriales y ambientales, se generan fuentes de financiamiento para el desarrollo urbano, se controla la ocupación del suelo en zonas de riesgo, de valor ambiental, paisajístico, cultural, histórico o de valor productivo.
Román Meyer Falcón, titular de la Sedatu, explicó que la regularización del suelo es una deuda histórica con el país, pues un porcentaje importante de los mexicanos no tiene forma de demostrar que son poseedores de su vivienda.
Este programa hecho en coordinación con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), invertirá 450 millones de pesos en la realización de 36 mil acciones de regularización de vivienda, como parte de la vertiente de regularización y certeza jurídica del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), que este año llegará a 18 municipios -en su ejecución ordinaria- y a 68 más, como parte de la Estrategia Emergente de Vivienda Popular para la reactivación económica.
“Este es un tema fundamental cuando hablamos del proceso de reactivación económica, pues esta población no tiene capacidad de acceso a créditos porque no tiene un sustento legal para solicitarlos”, mencionó Meyer.
Por su parte, el director general del Insus, José Iracheta Carroll, detalló que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen 6.3 millones de lotes irregulares en México y cada año se suman aproximadamente 90 mil familias a la irregularidad.
“El Estado de México es la entidad con mayor irregularidad y después se concentra en Puebla, Veracruz y Chiapas.
“En el sur-sureste de nuestro país es donde se concentra el mayor número de familias sin un título de propiedad, lo que coincide con las características de pobreza y marginación.
“Esto es muy relevante porque las intervenciones del Programa de Mejoramiento Urbano justamente coinciden con las regiones que tienen un mayor problema de marginación”, detalló.
Iracheta Carroll subrayó que la irregularidad es relevante por los costos de urbanización que implican para los gobiernos locales.
“Tenemos que adelantarnos al problema mediante la gestión del suelo, generando una oferta de suelo para que las nuevas familias se puedan sumar al desarrollo urbano de forma adecuada; es decir, que haya una oferta de suelo que puedan pagar dentro de la ciudad y que vayan a un lugar adecuado, desde el principio y no que el Estado tenga que ir tapando los hoyos que se van generando con el tiempo en el desarrollo urbano”, finalizó.
