"Jesús Belmont/ Corresponsal/ Ciudad de México * CP. Se estima que al concluir el presente ano, un total de 450 mil inmigrantes de naciones centro, sudamericanas, asiáticas, árabes y africanas que ingresarán por la frontera sur se quedarán de manera definitiva a radicar en México.
El senador perredista por Chiapas Rutilio Escandón Cadenas informó que conforme a las estadísticas, este ano un total de un millón de indocumentados ingresarán por la frontera sur, de los cuales 450 mil se quedarán a radicar en nuestro país, mientras que 550 mil lograrán llegar a Estados Unidos.
Sin embargo, el legislador quien es secretario de la Comisión de Población y Desarrollo del Senado de la República, comentó que del total que se prevé logre llegar al llamado ""sueno americano"", solamente cerca de 125 mil logrará quedarse de manera definitiva en Estados Unidos y los restantes 375 serán deportados a sus países de origen.
Sobre este aspecto, el diputado federal también perredista Elpidio Tovar de la Cruz, refirió que las condenas aplicadas a los ""polleros"" o traficantes de indocumentados de ninguna manera sancionan una conducta ilícita sino más bien criminalizan la pobreza y las necesidades económicas, políticas o sociales que orillan a centro y sudamericanos trasladarse a Estados Unidos con el obligado tránsito por México.
Elpidio Tovar de la Cruz comentó que por desgracia las autoridades mexicanas, ejercen muchas de las políticas violatorias a los derechos humanos que demandamos se dejen de aplicar a nuestros connacionales en Estados Unidos.
El perredista comentó que México es un país de origen, tránsito y en menor medida destino de migrantes, lo que ha provocado graves conflictos en nuestras fronteras sur y norte, cuyo análisis se debe hacer de manera integral.
En su opinión, la migración afecta los derechos fundamentales de quienes se desplazan, porque son objeto de abusos, discriminación y malas condiciones de salud, vivienda y trabajo.
En este sentido dijo que una de las problemáticas más graves, ha sido la proliferación de bandas organizadas de traficantes de personas conocidas como ""polleros"" o ""coyotes"", que abusan de la necesidad de la gente en el tránsito a Estados Unidos, sin importar los métodos o las condiciones infrahumanas en las que trasladan a los migrantes, puesto que mucha veces son expuestos desde su seguridad personal hasta la pérdida de la vida misma.
Negocio lucrativo
""Resulta ser un negocio tan lucrativo como el del narcotráfico. Transportan a seres humanos como mercancía, sin ninguna consideración"", dijo.
Los migrantes no sólo enfrentan los abusos de los traficantes, sino de algunas autoridades nacionales, consideró el diputado Tovar de la Cruz, quien en septiembre pasado presentó una iniciativa de ley para incrementar las penas a los traficantes de personas.
Comentó que es necesario que las leyes y programas nacionales en materia migratoria, cubran los estándares internacionales de derechos humanos, de los cuales, México forma parte, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los principios establecidos en los instrumentos elaborados por la Organización Internacional del Trabajo, en especial el Convenio relativo a los trabajadores migrantes, así como el Convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes.
Explicó que lo anterior no ha pasado inadvertido para los organismos intergubernamentales de derechos humanos. Prueba de ello es la recomendación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, quien en su diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, recomendó: ""Armonizar la legislación nacional con los compromisos internacionales. Se recomienda al legislativo reformar la Legislación en materia penal, para imponer penas mayores a los traficantes de personas"".
En respuesta a dicha recomendación, el diputado perredista presentó una iniciativa que propone diversas modificaciones a la Ley General de Población y al Código Penal Federal, para sancionar con mayor severidad a los traficantes de personas. Debido a la gravedad que constituye esta conducta, la propuesta de reforma abarca la negativa para alcanzar la libertad preparatoria por parte del infractor de la norma.
El segundo objetivo de la iniciativa que actualmente se encuentra en análisis por las diversas comisiones de la Cámara de Diputados, es dar cumplimiento a la segunda parte de la recomendación antes citada en el sentido de destipificar las actividades inherentes a la migración, eliminando los tipos penales que criminalizan al migrante y dejando sanciones meramente administrativas.
En este sentido se propone eliminar los tipos penales que criminalizan al migrante cambiándolos por sanciones administrativas y adecuándolos en función del salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
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