La tragedia de la semana pasada en Ciudad Juárez, Chihuahua, evidencia una vez más la culminación de décadas de leyes, políticas y prácticas que priorizan el control migratorio sobre los derechos y las vidas de seres humanos en la frontera sur y norte, pronunció la declaración de la Coalición Internacional contra la Detención (IDC, por sus siglas en inglés).
“Esta tragedia no es un incidente aislado”, destacó y a su vez reiteró que cada una de las pérdidas de vidas humanas que migran a México podrían haberse evitado si se hubieran tenido en cuenta e integrado adecuadamente en las políticas migratorias de México.
En cambio, dijo que durante los últimos 20 años México “securitizó” su política migratoria, aumentando la dependencia en la detención y, más recientemente, desplegó su Guardia Nacional (GN) para hacer cumplir las leyes migratorias restrictivas.
De acuerdo con la estadística de la Unidad de Política Migratoria, en 2022 se registraron 444 mil 439 eventos de detenciones en sus 572 centros oficiales en todo el país.
Mortalidad
“Vidas humanas están en riesgo en los sistemas de gobernanza de la migración (migratoria) que se centran en la detención migratoria”, destacó IDC en el documento difundido por organizaciones aliadas en la frontera de Chiapas.
Crítica
Hizo hincapié en que el hecho demuestra el impacto potencialmente mortal de implementar sistemas de gobernanza migratoria que se basan en el control y la aplicación de normas que priorizan la seguridad nacional por encima de los derechos humanos.
También se solidarizó con las víctimas y sobrevivientes de esta violencia, junto a sus familias, comunidades, personas defensoras de los derechos humanos, “aquellas que reconocen la necesidad urgente de proteger y honrar la vida humana y abolir la detención migratoria en todo el mundo”.
Recordó que en la visita de la IDC al centro de detención de Ciudad Juárez, en septiembre de 2022, se observó hacinamiento en un espacio pequeño, sin ventilación ni luz natural, así como el impacto negativo en la salud mental de las personas causado por el maltrato sistemático y la deshumanización, así como la falta de acceso a la información sobre sus casos.
Pero esta violación sistemática de los derechos de las personas en contexto de movilidad, privadas de su libertad en las estaciones migratorias y estancias provisionales del INM, ha sido documentada por defensores de los derechos de personas en contextos de movilidad durante dos décadas, situación que también resulta en una omisión de la autoridad.
