De acuerdo a la encargada de la Unidad Jurídica y Tenencia de la Tierra del Parque Nacional Cañón del Sumidero, Ivonne Guillén Domínguez, más de mil casas fueron destruidas al recuperarse los predios invadidos al interior de esta zona de conservación en el último año.
Manifestó que incluso encontraron viviendas de hasta dos plantas, construidas con concreto y ya con todos los servicios; todas fueron destruidas por ser consideradas asentamientos humanos irregulares en estas zonas.
Señaló que tan sólo en la zona conocida como Manuel Velasco, más de 200 hogares fueron destruidos; de todas estas, la mayoría era de concreto y otras pocas “eran hechas de lona y lámina”.
Para evitar nuevos asentamientos humanos dijo que han trabajado con el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, y en su momento con la Secretaría de Gobierno, a fin de que el polígono del Parque Nacional se visualice en el programa de desarrollo urbano de la ciudad.
Además, en la carta urbana se determinó que en esta zona del Parque Nacional no puede permitirse asentamientos humanos, pues son zonas para conservación.
Las autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), advierten a los notarios públicos que se presten a la escrituración de zonas de reserva para asentamientos humanos irregulares que se les aplicará la ley por igual.
Guillén Domínguez manifestó el caso de una vivienda que tenía dos pisos, a la cual llegaron para desmantelarla y desalojar, en donde la familia se resistía “porque aquí varios de ellos invirtieron, es su patrimonio a costillas de los engaños de los líderes”.
Señaló que por supuesto los líderes sabían que esta área no era apta para vivir, porque son terrenos dedicados a la conservación, por ello la resistencia a pesar de que sabían que habría un desalojo y tenían que retirarse de forma voluntaria.
Manifiesta que fue un desafío para ellos como guardaparques el ver el daño a la vegetación, el corte de árboles, así también el derribo de casas, pero todo por el bien común, el conservar la naturaleza, las selvas medianas y bajas cercanas a la ciudad.
Los predios como Vida Mejor, Nueva Esperanza, Los Ángeles, Manuel Velasco y Ampliación Leticia Coello, Nueva Esperanza II y Las Granjas I y II, se habían establecido desde 2013 en el Parque Nacional de forma ilegal.
Entre todos acumulaban un aproximado de mil 50 familias, que realizarían afectaciones que tendrían por consecuencia el aumento de la temperatura y lluvias extraordinarias, mismas que serían incontrolables para las más de mil colonias cercanas y las 700 mil personas que viven aledañas a la zona, con una extensión de más de 150 mil hectáreas.
Las autoridades ambientales han pronosticado que la recuperación de esta maravilla natural podría llegar a verse hasta después de 15 años, y cada hectárea representa una inversión de entre 30 a 50 mil pesos para reforestar.
Tan sólo en el último desalojo del predio conocido como Manuel Velasco Coello, fueron desmanteladas 235 viviendas: 100 de material de block y láminas, 60 de madera y láminas y 75 casas provisionales. En el proceso se recuperaron 47 hectáreas.
