"Francisco Valdés Ugalde * Universal. La persistencia de la desigualdad social es veneno para la democracia. La ausencia de un desarrollo sostenible y sustentable está en el origen de ese rostro lacerante del malestar social, que se resiste al desvanecimiento, y convoca a la violencia y al desprecio de la deliberación pública para organizar la vida en común. Mientras perdura, la desigualdad se hace pariente de la intolerancia.
Todos los ""barómetros"" que toman la presión del talante del público apuntan a un malestar mayoritario que radica en la percepción de que bajo el statu quo no hay una mejoría palpable de la condición social de las personas. Y esta situación incluye la presencia de un sistema político seminalmente democrático que está obligado a tener una agenda contra la desigualdad.
La desigualdad tiene muchos rostros. De hecho es más pertinente hablar de desigualdades en plural. Étnica, económica, social, regional, lingüística, política, de género o etaria. Cuando varias o todas estas desigualdades se traslapan, se agudiza la percepción de diferencias que ofenden la dignidad de las personas.
Se antoja poco plausible que los diferentes estratos de una sociedad segmentada participen en la vida pública a partir de un principio de igualdad. Por el contrario, la idea de igualdad política se confronta con la desigualdad social. La agudeza de la segunda mina a la primera y, en consecuencia, al cimiento de la ciudadanía democrática.
Encarar este problema exige pensar en la política en formas no tradicionales. Demanda pensar la democracia del siglo XXI, no la del XIX, como suele ocurrir con frecuencia; pide remontar el camino por el cual construir una experiencia propia e introducir elementos novedosos en el paisaje de las modalidades democráticas.
Hacer frente a los problemas de una realidad social como la de México llama a conceptualizar la democracia bajo la idea amplia de gobernanza y no sólo como gobernabilidad inmediata. En su significado contemporáneo, la gobernanza implica que la política pública debe ser conducida por la voluntad de los ciudadanos expresada con plena libertad y haciendo que todos los individuos sean tomados en cuenta como iguales.
Hacer que esto sea posible en sociedades muy heterogéneas, con democracias precarias y desigualdad alta, supone reconocer la necesidad de introducir formas mixtas de representación política y su traducción en mecanismos de decisión colectiva de amplia receptividad.
Se trata no solamente de estar ""representados"" por partidos políticos, sino de participar activa y responsablemente en la formación de las decisiones públicas con la finalidad de conseguir los mínimos de dignidad que nivelen el terreno del juego colectivo.
Dos fórmulas vienen de inmediato a la mente en este respecto: pluralidad en la formación de los gobiernos e instancias variadas de concertación social para conseguir acuerdos y pactos económicos y sociales.
Estas formas pueden contrarrestar los sistemas diferenciados de normas sociales conforme a los cuales se conducen los actores y que contradicen la idea de igualdad jurídica y ciudadana. Un solo ejemplo entre varios: la división de la sociedad en ""formales"" e ""informales"". Cada uno sigue rutas y pautas distintas; cada uno se guía por reglas irreconciliables entre sí.
Naturalmente, una concepción estratégica del desarrollo democrático como ésta conduce a traducir en política pública las demandas sociales y, por tanto, a conseguir recursos fiscales suficientes. De ahí que una política de recaudación que fortalezca al Estado y trate como iguales económicos a los ciudadanos deba alcanzar tasas de recaudación altas, equivalentes a las de países desarrollados. México recauda, por vía de impuestos, únicamente 8% del producto interno. El promedio de la Unión Europea es de 32%.
Pero a su vez la recaudación fiscal sólo adquiere sentido para el desarrollo si los recursos se aplican con eficacia hacia los objetivos de conseguir salud básica y educación básica universales y de calidad, así como inversión en infraestructura, ciencia y tecnología. Las tres son indispensables para alcanzar la libertad, entendida como ""capacidad individual de lograr"", según la ha denominado Amartya Sen al formular una teoría del desarrollo humano.
México está muy lejos de esa posibilidad. Estas políticas públicas, destinadas a mejorar la condición de los ciudadanos realmente existentes observan avances poco alentadores. Los desequilibrios fiscales, el capitalismo salvaje que proyecta la política económica internacional estadounidense y, sobre todo, la incapacidad de las élites políticas para fijar una agenda de país serio, muestran una realidad en la que está ausente la orientación adecuada para construir instituciones que puedan a la vez albergar y fomentar la creación de ciudadanos de primera.
Sin esas instituciones, dedicadas a ofrecer mecanismos y procedimientos eficaces para hacer valer los derechos civiles y sociales en marcos políticos de libertad, no será posible el desarrollo económico y social ni una democracia con viabilidad. En síntesis, esas instituciones son un componente básico de la canasta de bienes que ha de contener la idea de desarrollo con sus dos componentes principales: más democracia y menos desigualdad.
Pareciera que una visión así sólo puede plantearse desde una perspectiva de ""izquierdas"". No obstante, se trata de una cuestión nacional estratégica, por lo que puede ser motivo de convergencia entre fuerzas con ideologías diferentes.
Sin embargo, esto depende de que los partidos políticos no confundan el eje estratégico de la combinación entre democracia-desarrollo, democracia-igualdad con el eje ideológico izquierda-derecha.
La distinción de estos dos ejes ha sido pieza central del desarrollo de los países más avanzados y su confusión, origen del fracaso histórico de las izquierdas populistas o totalitarias.
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+ Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
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