"Cada día se va midiendo la profundidad de la crisis en que dejaron a Chiapas los que por seis años tuvieron bajo su responsabilidad la administración estatal. Este jueves, en todos los medios de comunicación -de los municipios, de los estados, del país; prensa escrita, radial y televisiva abierta, satelital o de cable- saltó la noticia: por lo menos 69 municipios chiapanecos se declaraban en quiebra, aunque son más de cien los que enfrentan absoluta insolvencia financiera, de un total de 122. No tienen ni para pagar la nómina, mucho menos aguinaldos de los empleados.
La noticia, de la que ya se tenían referencias aisladas en diversas regiones, se dio a conocer en conferencia de prensa en el Congreso chiapaneco, con la asistencia de 69 presidentes municipales, número que ayer creció con la suma de representantes de las regiones Costa, Soconusco, Frontera Sur y Sierra, y que irá aumentando en el transcurso de la semana que comenzará este lunes.
Los ediles denunciaron que al tomar posesión el pasado 1 de octubre hallaron vacías las arcas y culparon a sus antecesores de la quiebra financiera en los municipios. Este escenario es como si los anteriores presidentes municipales se hubieran puesto de acuerdo para terminar acorde con los funcionarios del gobierno del estado que recién finalizó.
Hay sin duda en este caso responsabilidad de los titulares de los Ayuntamientos que recién han concluido, pero como se verá, también existen atenuantes que deberán contar en el análisis que se realice en el marco de las mismas auditorías que demandan con toda razón los presidentes municipales en funciones, para saber de la aplicación de recursos, con la correspondiente verificación en campo de obra física.
No lo señalaron los presidentes municipales, pero es del dominio público que el ahora ex secretario de Hacienda, Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho, concentró la administración y ministración de recursos estatales y federales de los 122 municipios en Chiapas, una acción irregular que comenzó Pablo Salazar. En ese sexenio únicamente la otrora alcaldesa de Tuxtla, Victoria Rincón, se atrevió a combatir con la ley en la mano esa intención del entonces jefe del Ejecutivo que pretendía monopolizar el manejo de recursos cuya aplicación correspondía exclusivamente a los Ayuntamientos.
Habrá que conocer a detalle esta situación y también qué tanto influyó lo anterior para que los presidentes municipales que recién entregaron hayan incurrido en ese cuestionado desfase financiero. La misma auditoría tendrá que aclarar en dónde está el motivo de tanto desorden, y así podrán deslindar responsabilidades. No sería la primera vez en Chiapas que ""camadas"" enteras de presidentes vayan a parar a la cárcel. Sucedió durante el sexenio de Patrocinio González, y puede suceder de nuevo, si fuera el caso.
Por lo pronto, está en lo inmediato la urgencia de una solución pero no se ve en dónde se halle, pues el mismo problema crearon los administradores pasados a nivel estatal, y lo que están reclamando con razón los actuales presidentes municipales, es precisamente lo que se esfumó en el gobierno anterior.
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