México es el país con más delitos con violencia y, a la vez, el que tiene el porcentaje más alto de agresiones con arma de fuego de acuerdo con la ONU. No es casualidad. Es el resultado de una década de gobiernos que dejaron a un lado el tráfico de armas.
Lo más alarmante es el tipo de abastecimiento que consiguió el narcotráfico, por lo cual hoy ya no es raro hallar en los decomisos granadas, lanzacohetes y municiones antiblindajes.
Si desde el gobierno de Ernesto Zedillo y después en el de Fox se hubiera rastreado el armamento usado por el crimen organizado -para identificar rutas y patrones del trasiego, así como vendedores, distribuidores y compradores- el combate que libra hoy el Ejército sería menos riesgoso y quizá menos necesario, pues bajo las actuales circunstancias las corporaciones policiacas son incapaces de enfrentarse a los gatilleros del narcotráfico.
En lo que va de la actual administración los decomisos de armas superan con mucho las cifras del gobierno de Fox, lo cual habla de un avance; sin embargo, ese es sólo el primer paso para frenar la carrera armamentista en México.
Acabar con los distribuidores ilegales es el siguiente paso. Además de la cooperación con Estados Unidos -pactada en enero de este ano- y con Centroamérica es fundamental la inhibición de la compra por parte de la población civil, víctima y cómplice del trasiego.
En México mueren al día 40 personas en hechos violentos, muchos por el crimen organizado; los más, por violencia doméstica, robos y otros delitos comunes. Esa violencia detona el círculo vicioso de la ciudadanía que ante la impunidad opta por la defensa propia.
Sin una fuerza policíaca unificada, obligada a rendir cuentas y con garantías para conservar la lealtad de sus miembros será mucho más difícil sacar al Ejército de las calles y a las armas de las casas. (El Universal)
