Siete organizaciones civiles y de Derechos Humanos afirmaron que a 19 años de la masacre de seis indígenas tseltales y choles, ocurrida en la comunidad de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, no se ha encontrado justicia, por lo que los sobrevivientes y familiares de las víctimas que fueron desplazados continúan sin garantías para el retorno y sin reparación del daño.
Recordaron que la masacre ocurrió en la pequeña comunidad indígena tseltal y ch´ol de Viejo Velasco, Ocosingo, situada en la selva Lacandona, cuando, en un operativo de corte paramilitar, alrededor de 40 personas provenientes de la comunidad Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab (todos de la llamada “Comunidad Lacandona”) armadas con machetes, palos, escopetas y rifles, algunas con uniformes tipo militar y de seguridad pública, entraron de manera violenta a la localidad.
Señalaron que de acuerdo con investigaciones realizadas por la agrupación Xi’nich, con sede en Palenque, que fue apoyada por el colectivo de organizaciones de la sociedad civil que integrábamos la Misión Civil de Observación, los agresores iban acompañados y protegidos por 300 elementos de la entonces Policía Sectorial de Chiapas, portando armas de alto poder conocidas como Cuerno de Chivo: Ar-15 y AK-47.
Las agrupaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), añadieron que también se documentó la presencia de cinco Fiscales del Ministerio Público (MP), dos peritos, el comandante Regional Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación con siete elementos a su mando y un representante de la anterior Secretaría de Desarrollo Social.
Comparten que esos actos violentos sucedidos durante el gobierno de Pablo Salazar abundaron, “provocaron el desplazamiento forzado de 36 personas, la mayoría mujeres, niñas y niños; la ejecución extrajudicial de seis de ellas (incluyendo una mujer embarazada, María Núñez González); la privación ilegal de la libertad y tortura de una joven discapacitada, Petrona Núñez González, quien falleció en 2010 a causa de la tortura física y emocional a la que fue sometida, y cuatro desapariciones forzadas, de las cuales, un año después, a instancias de familiares e integrantes de la Misión Civil, se encontraron enterradas en un paraje cercano a Viejo Velasco, los restos de dos personas, identificados como dos de los ancianos desaparecidos, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez, que fueron entregados a sus familiares, cuatro años después”.
Reiteraron que “durante todo este tiempo, la FGE, nunca ha realizado una investigación completa y efectiva, mientras el Gobierno Federal y la CNDH han guardado total silencio, por lo que los responsables intelectuales, operadores políticos y los autores materiales siguen en la impunidad.
