La tarea del Instituto Federal Electoral que mayores susceptibilidades provoca en los partidos políticos es la revisión puntual de los gastos que éstos realizan. A ninguno le complace ver que es necesario verificar peso por peso la aplicación de las llamadas prerrogativas, pero es un imperativo legal puesto que esos recursos provienen del erario. Ahora, el IFE está dando pasos no sólo para fiscalizar el gasto en propaganda, que es la porción más suculenta de la erogación, sino que va directo a los gastos específicos determinados para investigaciones académicas, obras editoriales y capacitación política. Al parecer, el IFE tiene indicios de que, en ciertos casos, ni las obras ni los cursos son lo que se pretende que sean. En el caso de los textos, para asegurar su originalidad tendrán que ser registrados en la Dirección de Derechos de Autor, y las sesiones de los programas de educación y de capacitación política deberán ser documentados con fotografías y videograbaciones.
Como la ley dispone que el IFE debe reembolsar 75% de esos gastos, sin los requisitos de verificación los pagos no podrán ser efectuados. Ninguna medida como las mencionadas puede ser excesiva cuando se trata de vigilar escrupulosamente la administración de los fondos públicos. Esto es particularmente aplicable en el caso del financiamiento público a los partidos, que a los ojos de muchos parece generosamente nutrido, en comparación con lo que ocurre en países más ricos, y que se observa manejado con relajamiento en ciertos institutos políticos, concebidos más como empresas rentables que como órganos de ejercicio político y democrático.
En general, finalmente los gastos partidistas pretenden captar votos para llegar al poder. Los procesos para definir las candidaturas envenenan en algunos casos el ambiente, por su acritud o su desparpajo. Esos episodios pueden ahuyentar a los ciudadanos en las fechas de elecciones. El abstencionismo está siempre latente y resulta más cómodo apoltronarse en casa que salir a votar.
Por supuesto, la responsabilidad fundamental para lograr un proceso electoral serio y confiable es de los partidos, con el IFE como organizador y vigilante de que el desarrollo se ajuste a lo senalado en la legislación correspondiente y en la voluntad nacional de afirmar nuestra incipiente democracia. Y en esto es esencial el cuidado en el buen uso de las prerrogativas de los partidos. El orden y la transparencia son indispensables para lograr que se alcancen las metas en estos meses de tanta significación para la vida política nacional. No es cosa menor que se cuide el dinero que proviene de las arcas públicas en sus detalles específicos. Hace unas semanas, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Salvador Sánchez Vázquez, reveló que sólo 2% del dinero destinado al gasto público es fiscalizado para ver si se entregó a tiempo, en el programa previsto, y si se cumplieron las metas.
Es un dato revelador. Ante ello, el prurito del IFE para revisar los gastos menores puede parecer poco significativo, pero no lo es. Lo que está mal es que no se fiscalice. El órgano que entrega los recursos tiene el deber de comprobar que la aplicación se hará correctamente y, desde luego, honestamente. Veamos con cuidadosa atención que el propósito del IFE, que será expuesto hoy en la sesión del Consejo General, logre que los partidos gasten efectivamente en las tareas predeterminadas, que sin duda adquieren trascendencia cuando contribuyen a consolidar la democracia. De otro modo, a la simulación estaremos anadiendo el latrocinio. (El Universal).
