Una de las grandes contradicciones de nuestro sistema judicial radicaba en que las víctimas de los delitos no contaban con herramientas para hacer valer sus garantías individuales en un juicio. De hecho los derechos de los acusados estaban perfectamente establecidos en la ley, pero no así los de los denunciantes y quejosos. Si una autoridad o agente del Ministerio Público actuaban mal, por equivocación o dolo, las víctimas apenas podían acudir a una comisión de derechos humanos para denunciar y esperar que ésta emitiera una recomendación, que podía o no acatar la autoridad.
Muchas veces la víctima de un delito sufría por duplicado: los propios hechos de los que se quejaba y la mala actuación de funcionarios, cuya negligencia o corrupción infligían al acusador nuevos agravios y sufrimientos.
Ahora, según senala José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya es posible que las víctimas de delitos puedan promover amparos en contra de ministerios públicos o procuradurías de todo el país, si es que no reciben atención médica o asistencia psicológica de emergencia, no le informan de los avances de su caso, no lo asesoran desde el inicio de la averiguación previa, no le permiten coadyuvar en las investigaciones o no le permiten aportar mayores pruebas.
Esta reforma a las leyes, que tuvo como propósito elevar los derechos de la víctima a rango constitucional, no tiene desperdicio en tanto que puede ser una importante base para superar grandes rezagos y vicios de nuestros procesos judiciales, tan lentos y tortuosos que a la larga sirven a quien delinque y no a la parte afectada.
Es también la puerta para abatir el histórico rezago judicial y acabar con las nefastas prácticas de la justicia de barandilla, donde las víctimas de delitos quedan con las manos amarradas ante la complejidad de los procedimientos y la variedad de artimanas de abogados y autoridades para torcer fallos en favor de delincuentes.
Si bien el juicio de amparo es una herramienta judicial que debe ser revisada por el uso y abuso que ha tenido a lo largo de la historia, no hay mejor manera de aplicarlo que protegiendo a quienes sufrieron las consecuencias de la delincuencia y la criminalidad.
En la medida en que se transparenten los procedimientos judiciales y se hagan más accesibles a la gente, habrá menos oportunidad de que la impunidad se imponga por la vía de decisiones oscuras, viciadas y de franca colusión entre malos funcionarios y quienes viven de hacer el mal a los demás. También ya es tiempo de que la procuración e impartición de justicia abandone prácticas discrecionales y acoja nuevos procedimientos de fiscalización para que nuestro aparato judicial no responda ya a estímulos propios de un pasado viciado.
Será pertinente que haya la debida difusión de estas reformas, para que las personas conozcan sus derechos y puedan hacer valer los distintos mecanismos con que la ley las protege. Un ciudadano informado no podrá ser intimidado o enganado.
En la medida en que la procuración e impartición de justicia se modernicen y perfeccionen, el país también avanzará en modernidad, pues a los ojos de la comunidad internacional, un país cuyas leyes se aplican con atingencia y sin equívocos es una nación confiable para invertir o para vivir. México ha de ser un país de leyes y justo que defienda a las víctimas de los delitos y no tenga miramientos para hacer pagar a los delincuentes por sus actos. Esa debe ser la línea de actuación de policías, agentes del Ministerio Público y jueces. (El Universal).
