Han pasado tres meses desde que las oficinas de la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Mazatán fueron cerradas, esto porque la actual administración que preside el alcalde Pedro de la Cruz dejó de cubrir la renta del local como parte de un convenio con la instancia estatal, lo cual condicionó que el propietario desalojara el inmueble por el acumulamiento de adeudos, por lo que ahora la atención del MP se trasladó a las oficinas en el municipio de Tapachula.
Ante la falta de oficinas del MP en la cabecera municipal, los pobladores que son víctimas de algún delito o que están implicados en alguna carpeta de investigación tienen que erogar más gastos y tiempo para enfrentar su situación, por lo que el precepto de impartición de justicia pronta y expedita se ve afectada.
En entrevista, el abogado litigante Jatsen Méndez Wong hizo referencia a la necesidad de abatir la demora en la atención de los delitos, señalando que “de poco sirve que por un lado se implementen campañas de la cultura de la denuncia si no existen condiciones para ello, si de por sí muchos delitos como violencia de género, robos, asaltos y lesiones no se denuncian, y ahora que la agencia del MP está lejos, difícilmente van a acudir, sobre todo porque las personas en este municipio, en un alto porcentaje, son de escasos recursos económicos”, compartió Méndez Wong.
A través de redes sociales y en documentos firmados por abogados, la población de Mazatán ha pedido al alcalde Pedro de la Cruz que atienda el problema que enfrentan en materia de justicia, sin embargo, este ha dado poca importancia al caso y no ha querido retomar el convenio con la FGE.
