Tras un inédito proceso de consultas a técnicos y partes interesadas, la Suprema Corte de Justicia resolvió invalidar los temas controversiales de las reformas a la Ley de Radio y Televisión, aprobada por la pasada Legislatura, de tal forma que se reencauce el debate para acordar normatividades garantes de una efectiva equidad de acceso a los medios y mayor competencia en el espectro radioeléctrico propiedad de la nación.
Se pretende enmendar así un proceso legislativo viciado de origen, toda vez que se realizó en una coyuntura singular, con fuertes presiones de los actuales concesionarios hacia unos partidos políticos exageradamente dependientes del tiempo aire para hacer llegar a la ciudadanía la oferta de sus candidatos en plena temporada electoral. Todos los partidos acusaron la presión. Ex post facto, reconocen que su decisión de entonces no tiene por qué ser la misma de ahora. Es lamentable que eso haya sucedido y no debe volver a pasar por el bien de la democracia en el país. Es de reconocerse que han funcionado los mecanismos previstos en la ley para impugnar decisiones legislativas que sectores de la sociedad consideraron lesivas para el interés general. De esta manera se garantizó que las controversias que puedan existir entre los mexicanos cuenten con canales civilizados, pacíficos y, sobre todo, legales, que sanamente institucionalizan el debate. Esto es oportuno remarcarlo, pues los polémicos artículos de la ley anulados no tienen por qué seguir enfrentando a personas en lo particular, ni enemistar necesariamente a los actores involucrados en un debate que, obvio, convocó juicios enconados. Al contrario, el proceso que obligó a discutir la normatividad por sus méritos técnicos y políticos debe considerarse como lo que fue: un espacio deseable en toda sociedad moderna. Debemos aprender a negociar y a no hacer de cada diferendo una fractura para el país. El asunto de las telecomunicaciones puede ahora llevar a todos sus actores de nuevo a la mesa de deliberaciones y convocarlos a tomar acuerdos serenos, sin acosos ni presiones de coyuntura. Es válido incluso retomar el cabildeo particular de las iniciativas en cuestión, pero se tiene que hacer mediante mecanismos transparentes, regulados, donde se sepa quién es quién y a qué sector representa. Los legisladores han de asumir en ello su papel de portadores de la voz de la comunidad que los eligió, no necesariamente la del sector que más beneficios personales o de grupo político les provea. De paso, no estará de más que se revise en el marco de una eventual reforma del Estado la relación entre partidos políticos y medios de comunicación. Moderar su dependencia y hacer eficiente el presupuesto público asignado a ellos sólo pasará por la compra en exclusiva que realice el IFE de la propaganda, para que sea éste el que marque la pauta de la misma. Si de un par de décadas a la fecha el país ha rechazado ser una economía cerrada, no hay razón para que alguno de sus sectores se mantenga estacionado en el pasado. Competencia sí, pero también competitividad, que no es lo mismo, deben estar en la agenda de todos. Dotar al país de un terreno nivelado de juego es sólo el principio; ese terreno, además, tiene que estar interconectado con banda ancha. (El Universal)
