Una enmienda a la Constitución para establecer un sistema de justicia especial para adolescentes ha puesto a la Suprema Corte en la disyuntiva de pronunciarse acerca de cómo las autoridades judiciales de todo el país habrán de actuar respecto a la privación de libertad de los menores, si se acepta un régimen de sanciones o se fomenta uno de rehabilitación.
El sistema previsto en el reformado artículo 18 constitucional, distinto al de los consejos tutelares, vigente desde diciembre de 2005, ha sido aprovechado entre tanto por defensores que consiguieron la aplicación retroactiva de la prohibición de que menores de 18 anos sean juzgados como adultos.
Los nuevos ordenamientos prevén también el confinamiento de menores en reclusorios exclusivos, para ponerlos a salvo de la contaminación con las viejas manas de los mayores, y de los abusos de toda índole que éstos suelen cometer.
La imposibilidad de cumplir con ese propósito se advierte de inmediato cuando recordamos que las cárceles están sobresaturadas de población. Es decir, la propuesta es buena, pero está muy alejada de nuestra realidad y de nuestro bolsillo.
La sociedad sabe que quien delinque tiene que ser castigado, y eso espera la sociedad, pero hay un largo trecho entre un traspié, una tontería, una inconsciencia juvenil y la conducta de un delincuente consumado, aunque sea joven.
El primero tiene derecho a que sus motivaciones y circunstancias sean conocidas y entendidas, para darle la oportunidad de reinsertarse en la vida de la comunidad. Desde los puntos de vista social y económico, es una solución más conveniente para todos que mandarlo a una cárcel con muchos tipos de criminales de todas las edades.
Hay un tema central en la recomposición del sistema penal, que es el de la necesidad de hacer perfiles y de diferenciar a quienes están recluidos según su peligrosidad. Los jóvenes aparecen en casi toda la amplia gama de delitos que se cometen en el país, desde la distribución de droga al menudeo hasta el robo de automóviles, el asalto y la extorsión. No se trata de ser permisivos con ellos, pero sí de separar las manzanas. Por indignante que resulte, desde la cárcel común se delinque, hay sofisticados esquemas de crimen organizado en donde los muchachos pueden caer fácilmente.
El libro blanco de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) consigna un promedio de 200 llamadas diarias desde teléfonos celulares de los reclusorios para extorsionar.
En dos anos, este tipo de llamadas se incrementó en 1,650%. Lo que es indignante es primero que los celulares entren a la cárcel y segundo que no se bloquee la senal, como se puede hacer, porque las empresas prestadoras de servicios se amparan.
El combate al crimen debe ser prioridad de todos. En este caso la sociedad, que es capaz de sancionar, debe ser también apta para rehabilitar.
Hay muchas asignaturas pendientes; esperamos que la Suprema Corte se incline por clarificar que en los procesos a que deben ser sometidos los adolescentes, el tiempo que permanezcan en la cárcel los encauce a una vida mejor, no a lo contrario. (El Universal).
