Los casos de violencia extrema cometidos por adolescentes en México prenden las alertas sobre la impartición de justicia. Por un lado está el dolor de las víctimas colaterales de estos actos quienes exigen justicia con todo el peso de la ley; por el otro, el incremento de delitos graves perpetrados por menores de edad y las posibles causas que los orillaron a cometerlos.
Adolescentes violentos: no son casos aislados
La psicóloga y psicoterapeuta Gestalt, Leticia Pérez de la Cruz, comentó que los casos de niños y adolescentes que incurren a la violencia de cualquier tipo, ya sea fatal o no, no se pueden analizar como casos aislados, debe ser visto como un fenómeno social que afecta en cualquier esfera y en que influyen varios factores.
Hablar de violencia es hablar de maltrato entendido de tres formas: físico, negligencia y el abuso sexual. El adolescente es como un lienzo en blanco que se va formando a partir de experiencias que inician desde el entorno familiar.
En las últimas generaciones en los hogares prevalece la negligencia porque padre y madre se ven obligados a trabajar y muchas veces viven con estrés, ansiedad, frustración, con enfermedades; incluso, llegan a la violencia verbal o física. Además, es común que terminen en divorcios bajo términos negativos.
Ahí entra el contexto político y económico. Hablando específicamente de vivir en una zona con bajos índices de desarrollo, con escasas oportunidades, con poca atención de los gobiernos, lo que ha llevado a que la violencia sea parte del entorno.
Todos estos factores derivan en una desconexión emocional temprana en el entorno familiar para los adolescentes. No se sienten vistos, escuchados y validados, lo que lleva acumular frustración, reprimir emociones, aislarse hasta que algo los hace detonar en violencia, como conocer a alguien que vive cosas similares, ser víctimas de bullying, de maltrato o abuso sexual.
Algunos padres y madres que viven en estos entornos son permisivos para recompensar carencias económicas, emocionales y físicas. Esto es algo que puede ocurrir en cualquier familia. Incluso, dijo que lo contrario, niños súper controlados o vigilados pueden resultar también en conductas violentas por buscar la aceptación social.
Justicia para menores: reformas pendientes en México
En México, los menores de edad que cometen un delito grave no reciben una sanción equiparable a la de un adulto, sino que son juzgados conforme a la Ley de Menores Infractores, explicó el maestro en derecho José Arturo González Venegas, abogado con ejercicio desde 1999.
De acuerdo con el especialista, el sistema mexicano no podría aplicar un modelo de justicia similar a la del país de El Salvador, que recientemente aprobó castigar con cadena perpetua a menores de 12 años en adelante que comentan un delito grave.
El abogado explicó que el país está sujeto a diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos. “Nos afectaría en lo que fuese en derechos humanos de manera internacional”, señaló.
González Venegas indicó que, si bien México no debería copiar el sistema salvadoreño, sí requeriría endurecer los castigos y mejorar la impartición de justicia. “Venimos en deficiencia por la falta de impericia y conocimiento del margen de la ley”, afirmó.
Poder Judicial
Al respecto el presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, señaló que los nuevos mecanismos están cambiando la dinámica de los procesos de sanción y reinserción social.
Es por ello que en casos generales se busca procurar la restitución del tejido social, antes de la reclusión.
Dijo que existe un análisis de las condiciones generales de seguridad y actos en Chiapas cometidos por menores.
Castigos actuales
Entre las medidas actuales para menores infractores, el abogado José Arturo González mencionó la reinserción social y el resguardo domiciliario, dependiendo de la edad del infractor. Una vez que el menor alcanza la mayoría de edad, no puede ser juzgado nuevamente por el mismo delito, pues ya se le impuso una pena.
Ante casos recientes como el homicidio de una maestra en Michoacán cometido por un alumno, el entrevistado consideró que el Estado mexicano debe reformar las leyes.
El abogado adelantó que en abril de 2027 entrará en vigor una reforma en materia de juicios orales civiles. Sin embargo, lamentó que el sistema de justicia en México avance de manera lenta.
En un contexto de violencia marcada para las nuevas generaciones, sería necesario voltear a ver el hecho de que se requiere una atención temprana de los problemas emocionales que desde la infancia pueden presentarse.
Lamentablemente, en Chiapas y en general en el país, todo indica que el sistema está atendiendo los resultados de la violencia (castigo) y no en la prevención con una escalada mayor tanto de casos, implicados y la forma en que se cometen.
¿Castigo o reestructurar el tejido social?
Tras el lamentable homicidio de una maestra en Lázaro Cárdenas, Michoacán, cometido por un alumno menor de edad, ha cobrado fuerza en diversos estados del país la propuesta de disminuir la edad mínima para que los menores que cometen delitos graves sean sancionados como adultos.
Sin embargo, el diputado Juan Salvador Camacho Velasco, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Chiapas, consideró que en la entidad no es momento de legislar en ese sentido.
En entrevista, el legislador por San Cristóbal de Las Casas reconoció que el tema es “muy delicado” porque, por un lado, hay que proteger a las infancias y su desarrollo, pero tampoco se puede perder de vista que algunos jóvenes menores de edad están adquiriendo o teniendo acceso a armas de fuego por responsabilidad de los propios padres de familia.
“Yo creo que aquí también habría que buscar la responsabilidad del padre: ¿por qué tenía un arma de alto calibre? Este homicidio, lamentable, este feminicidio que se da en Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue con una AR-15, a la cual este joven tuvo acceso”, señaló Camacho Velasco.
El diputado enfatizó que, antes de pensar en penas mayores a los menores de edad, se debe reflexionar sobre la descomposición del tejido social. “¿Cómo es que un menor de edad que va en preparatoria o secundaria accede a un AR-15? Tenemos que pensar en cómo regeneramos este tejido social que está totalmente resquebrajado, precisamente para que no se den estos casos”, expresó.
No obstante, el presidente de la Comisión de Justicia admitió que en situaciones donde menores participan en actos de delincuencia organizada, sicariato u otras formas de violencia grave, podrían aplicarse penas específicas.
En cuanto a la posibilidad de que el tema sea debatido en el Congreso de Chiapas, Camacho Velasco fue claro: “Todos los temas que sean de interés público deben de debatirse en este pleno. Estamos abiertos en esta comisión de justicia a tocar el tema, pero creo que en Chiapas hasta este momento no hemos visto una situación donde los jóvenes estén recurriendo a estas conductas.
Afortunadamente no se ha dado una situación de esta naturaleza. La tenemos que entender desde el aspecto nacional, por supuesto, pero creo que en lo local no es momento de legislar en ese sentido, por lo menos en nuestro estado de Chiapas”.
Instituciones que ayudan
En el estado de Chiapas existen mecanismos que permiten a las juventudes recomponer el camino, a través de la rehabilitación y reinserción después de haber cometidos actos fuera de la ley.
Villa Crisol, por ejemplo, es una institución bajo el mando de las autoridades de seguridad, cuya función es ofrecer una alternativa a adolescentes que cometieron alguna infracción o que enfrentan algún problema de adicción.
Y se llevan a cabo acciones de capacitación, talleres, actividades culturales, deportivas y de recuperación psicológica.
El propósito es que las juventudes lleven un proceso de integración dentro de la parte social, con acciones que también abonen a la prevención de las adiciones.
Contexto
El apoyo de psicólogos para los jóvenes, que han cometido un delito o que han incumplido con las normas sociales, es clave para tener una recuperación.
Una vez que son reinsertados dentro de sus comunidades esas personas también requieren de un acompañamiento institucional, con la intención de que su recuperación sea integral.
Algunos factores que pueden llevar a un joven a cometer algún delito, además del contexto social que enfrentan, están relacionados con las adicciones, que pueden ir desde un consumo en exceso de drogas o de alcohol sin ningún tipo de control.
