En México y en casi todo el mundo se lleva a cabo el procesamiento de los menores infractores en condiciones que implican castigos penales de mucha menor severidad que los aplicados a los adultos.
Estas condiciones se aprovechan por la delincuencia para utilizar cada vez más a ninos y adolescentes para la comisión de algunos delitos como robo de autos o narcomenudeo, con la idea de que de esta manera puedan salir libres pronto para seguir delinquiendo.
Este problema complica la discusión que se ha venido entablando en torno a la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad penal, y poder juzgar como adultos a menores de edad que cometan delitos graves.
Se ha detectado en el Distrito Federal un incremento del número de adolescentes que son detenidos en los operativos que hace la Secretaría de Seguridad Pública local en contra del robo de automóviles. En proporción creciente se emplea la táctica de despojar autos en circulación al lanzar con violencia sobre el manejador a un tropel de jovencitos. Estos robos han causado la muerte de unos cinco automovilistas y unos 12 lesionados por resistirse a la agresión.
Es importante que se enfrente ya esta estrategia de los delincuentes. La reducción de la edad de la imputabilidad no parece ser una solución, dado que los hampones que organizan estos despojos no vacilarían en usar para este tipo de asaltos a personas todavía más jóvenes.
La respuesta de la justicia a esta práctica delictiva debe basarse en el hecho de que los autores intelectuales de estos asaltos en realidad cometen un delito adicional, mucho más grave, que implica la utilización de menores en actos delictivos.
Si se duplicasen las penalidades contra los ladrones de autos que usen a jovencitos, y sobre todo si se realizara un esfuerzo especial para rastrearlos y capturarlos, los malvivientes lo pensarían dos veces antes de seguir usando esta táctica indignante.
Es importante, por otro lado, reformar y hacer mucho más eficiente el proceso de rehabilitación de menores infractores, cuyos centros de detención son hoy verdaderas escuelas del crimen y en donde no se les da el trato que requieren para poder incorporarse a la sociedad como ciudadanos productivos.
La comunidad no debe darse por vencida con los menores de edad que cometen delitos.
Puede llegarse al absurdo de que, como ocurre en Estados Unidos, se juzgue como mayores de edad aun a ninos muy pequenos, y hasta se llegue al extremo de ejecutarlos, todo ello sin que hasta ahora tales medidas influyan en una reducción significativa en la incidencia delictiva de parte de éstos.
Las razones que apoyan la idea, aceptada por casi todos los sistemas legales del mundo, de que al menor de edad no se le puede juzgar como un adulto, residen esencialmente en la convicción de que no han surgido en su intelecto elementos para juzgar lo que está bien o está mal; aunque también por lo susceptible que es el menor a ser influido por lo que escucha en su medio familiar y social, las presiones de su entorno y los malos consejos de adultos sin escrúpulos.
El menor de edad puede todavía ser enderezado en mucha mayor medida que el adulto que delinque.
Por otro lado, una sociedad que produce en su seno muchos delincuentes juveniles es una que no ha cumplido su función esencial, que es la de establecer un entorno seguro y pleno de perspectivas y salidas provechosas para los que llegan a la adolescencia. (El Universal).
