Si a una tragedia se le agrega una injusticia, queda cerrado el círculo de la discriminación y la ignominia. Indigna conocer los casos que presenta hoy el reportaje de EL UNIVERSAL sobre los atropellos que se cometen contra los más pobres de los pobres mexicanos: aquéllos que sin contar con recursos traen a hospitales públicos del Distrito Federal, desde los rincones más alejados y agrestes del país, a sus familiares enfermos y heridos, sólo para ser víctimas aquí de más abusos y vejaciones.
Medran con su dolor, nos dice el texto, quienes les venden sangre, comida, medicinas, alimentos y transporte a precios exorbitantes para sus magros recursos. Les rentan cuartos, regaderas y baños como si fueran hoteles de lujo. Este mercado negro pulula sin pudor en los llamados hospitales de concentración, que sólo se encuentran en la capital de la República, donde se atienden especialidades complejas, cuyos tratamientos, en el sector privado, cuestan fortunas.
Heroicos esfuerzos aislados, como el del Centro de Acompañamiento y Recuperación de Desarrollo Integral (CARDI) -perteneciente a la congregación católica de Agustinos Recoletos- logran paliar los sufrimientos de algunos de estos familiares de enfermos del Hospital Infantil de México, pero son insuficientes para atender la gran demanda de este tipo de servicios. Sólo pueden señalar el problema y hacer su modesta contribución.
Hace años, cuando nacieron las instituciones del sector salud mexicanas -IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud-, se tenía contemplada la atención a los familiares provenientes de provincia que tuvieran que permanecer por largos periodos en la ciudad y carecieran de otros familiares que los acogieran o recursos para pagarse su estancia. Se crearon albergues, edificios, departamentos y villas para su alojamiento, que con el tiempo resultaron insuficientes.
Ahora, en pleno siglo XXI, y cuando se ha planteado la noble meta del seguro médico universal para todos y cada uno de los mexicanos, se tiene que contemplar de nuevo este problema de los familiares, ya que la protección social no comienza y acaba con los cuidados estrictamente médicos, sino que se extiende en la plena recuperación y rehabilitación del paciente y de su entorno.
El Estado no puede desentenderse del tema como si fuera un daño colateral que le fuera ajeno. La rabia de quien queda a merced de mafias sin escrúpulos, la impotencia de quien pasa por el penoso trance de tener un familiar o amigo debatiéndose entre la vida y la muerte, no deben ser agravadas por los oídos sordos de quien tiene la obligación de proporcionar condiciones dignas de seguridad social para todos.
No aceptemos como sociedad esta realidad ni perpetuemos situaciones de discriminación y pobreza que propician la existencia no sólo mexicanos de segunda, sino de tercera.
El Universal
