El Gobierno federal puso en marcha un plan de atención para controlar los flujos migratorios en la frontera sur y para ello anunció la modernización y ampliación en la capacidad de las estaciones Siglo XXI de Tapachula, Chiapas; Tenosique, Tabasco y Acayucan, Veracruz, a la vez que plantea construir albergues especiales para menores.
El subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Maximiliano Reyes Zúñiga, anunció que además se ha solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un crédito inicial de 20 millones de dólares “para mejorar la infraestructura migratoria en el sureste mexicano”.
En ese sentido, dijo que se han empezado trabajos de remodelación y adecuación de instalaciones migratorias, explicando que también se gestionan recursos ante instancias internacionales como las agencias de la Organización de Naciones Unidas para materializar distintos proyectos como la construcción de un albergue para menores.
“Los trabajos en esos inmuebles implican ampliación de bardas perimetrales, reforzamiento de puertas, instalación de cámaras de seguridad, cambio de equipo de cómputo, construcción de áreas lúdicas, entre otros”, señaló.
Precisó que las medidas también se aplicarán en el norte en albergues para atender a los migrantes que sean devueltos por Estados Unidos y aquellos que tengan que ser retornados de México a sus naciones de procedencia.
En conferencia de prensa dijo que se coordinan esfuerzos interinstitucionales mexicanos con las representaciones diplomáticas de Honduras, Guatemala y El Salvador, para la puesta en marcha del plan de atención migratorio que incluye “seguridad a su integridad y protección a los derechos humanos de los migrantes que se encuentren legalmente y retorno seguro y ordenado, para los que no logren acreditar su estancia legal”.
Será en Tapachula donde los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y de El Salvador, Nayib Bukele, pondrán en marcha el próximo jueves el programa “Sembrando Vida” en el país centroamericano, con recursos disponibles de la Iniciativa Mérida, con la finalidad de propiciar condiciones que eviten que las personas tengan que migrar por falta de oportunidades.
Asimismo se ha ordenado a la Secretaría de Salud federal y de las entidades de las rutas migratorias del sur y norte verificar y garantizar las condiciones sanitarias de esos flujos.
Dijo que el reto es del tamaño del mismo flujo migratorio que se ha estado registrando, por lo que se trabaja en una coordinación con las tres instancias de gobierno, incluso que busca que los países centroamericanos cuenten con consulados en Tijuana y desde allá se realicen los procedimientos en relación a los que tengan que ser retornados.
Mencionó que con las naciones centroamericanas se instalarán grupos de alto nivel en seguridad exclusivamente para el tema migratorio relacionado con el intercambio de información, ello con la finalidad de combatir a las bandas de traficantes de personas.
Guardia Nacional
En cuanto al despliegue de la Guardia Nacional, mencionó que a la frontera sur del país solamente han llegado 426 elementos y en los próximos días lo harán otros grupos importantes, porque “del total de los seis mil, no todos serán concentrados aquí”.
Insistió en que la idea es garantizar la seguridad y los derechos humanos de los migrantes y coadyuvar con el Instituto Nacional de Migración en la vigilancia y rescate de grupos, como el ocurrido el domingo en Veracruz.
En ese sentido, dijo que el Inami será reforzado con mil nuevos agentes en todo el país, tomando en consideración que “el único facultado para el rescate de extranjeros es Migración y lo que la Guardia Nacional y otras autoridades federales hacen es respaldar las acciones”.
En cuanto a los operativos en las márgenes del río Suchiate, por el momento son exclusivamente para evitar el cruce de personas indocumentadas, sin intervenir en lo relacionado con la cuestión aduanal por el contrabando de mercancías.
“Se tendrá que ir orientando a la gente para que el tránsito se haga por los canales regulares, porque pasar por el río más lo hace por costumbre, porque la gran mayoría trae documentos”, sostuvo.
Advirtió que si se detecta alguna organización o grupo dedicado al tráfico de personas se procederá conforme a la ley, pero “por el momento no se ha pensado en medidas fiscales, solamente se trata de presencia disuasiva y de prevención”.
