En septiembre del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó el informe especial sobre el estado que guarda el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en México, el cual permite evidenciar que el tránsito hacia la educación inclusiva en el país ha sido lento e intermitente.
Lo anterior, lo indicó Joaquín Alan Ruiz-Cabañas, director general del Programa de Atención a Personas con Discapacidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, durante el Conversatorio “Niñez y Discapacidad”, organizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Agregó que su comprensión aparece vaga y apunta más hacia las buenas intenciones, que a la presupuestación y dotación de los recursos para garantizar que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad disfruten con plenitud del derecho a la educación.
Enfatizó que las personas con discapacidad merecen respeto a su dignidad inherente y a ejercer todos sus derechos humanos de forma integral e indivisible; son tanto beneficiarios como agentes de cambio y pueden acelerar el avance hacia un desarrollo inclusivo y sostenible, con igualdad de género y no discriminación.
Mencionó que con base en la información recibida por parte de las entidades federativas, los datos relacionados a educación inclusiva proporcionados por las autoridades que dieron respuesta, son confusos debido a que fueron proporcionados por distintas instancias del mismo estado.
Dichas respuestas muestran un desconocimiento del marco legal aplicable, atribuciones específicas de las diversas instituciones, sus funciones y obligaciones, así como falta de coordinación en la materia.
Asimismo, se concluyó que se carece de un plan integral de accesibilidad para el sector educativo, que abarque el entorno construido, el transporte y las tecnologías de la información y comunicación, a fin de que existan las condiciones para que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad ejerzan con plenitud el derecho a la educación.
Se identificaron opciones limitadas de educación para la vida y a lo largo de la vida para las personas con discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Convención; no existen otras opciones de continuidad educativa enfocadas al fortalecimiento de competencias para su incursión y permanencia en el campo laboral.
La mayoría de las entidades no reportaron información respecto al número de estudiantes con discapacidad, hablantes de lenguas indígenas y el grupo étnico al que pertenecen, lo que revela un posible vacío o su desestimación de las cifras oficiales sobre este grupo poblacional, ello puede agravar su vulnerabilidad en virtud de la discriminación interseccional dentro de un sistema educativo.
