"Uno de los pilares de la agenda de México en la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es la protección de los niños en conflictos armados. Un tema necesario, sin duda, pero del cual México no parece ser el mejor candil. La canciller del país evidenció, sin quererlo, esta contradicción de principios.
La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, dijo en la sede de la ONU en Nueva York: ""México reafirma hoy, aquí, su compromiso de velar por la protección plena de los civiles en los conflictos armados, en particular las mujeres y los niños. Los crímenes cometidos en contra de los niños no podrán detenerse si sus perpetradores permanecen impunes. Las violaciones graves a las normas y principios fundamentales del derecho internacional humanitario constituyen crímenes de guerra y son los Estados miembros los que tienen la obligación primaria de investigar y enjuiciar a los responsables de tales ilícitos"".
Desconocía la funcionaria que, al mismo tiempo, en la Ciudad de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) descartaba la versión ofrecida por la Secretaría de la Defensa Nacional, de que la muerte de un par de niños -acribillados el 3 de abril por soldados, según sus padres- fue resultado de un fuego cruzado con narcotraficantes. Peor aún, dice la CNDH, es que el lugar de la balacera fue alterado y la camioneta de la familia fue baleada nuevamente, ya desocupada, en un intento por hacer creíble la versión del Ejército.
El informe de la autoridad, añadió el presidente de la comisión, Raúl Plascencia, ""no tiene sustento ni apego a las evidencias. Las víctimas no opusieron resistencia ni realizaron algún tipo de ataque a los elementos militares, lo que revela un uso arbitrario de la fuerza pública"".
Es probable que detrás de este encubrimiento, además de la búsqueda de impunidad, exista un temor de que la difusión de la verdad disminuya el apoyo al Ejército entre la población, una consecuencia que beneficiaría a los criminales. Ese desgaste de imagen ya está en curso, secuela natural cuando una fuerza militar realiza funciones de seguridad pública. Pero deben entender las instituciones responsables que ocultar las evidencias resultará peor a largo plazo para todos, porque en adelante ya nadie creerá cuando la autoridad ofrezca un conteo de sicarios fallecidos que bien podrían ser simples transeúntes.
""Apoyamos medidas más enérgicas frente a aquellos actores que persisten en las violaciones de los derechos a las y los niños en los conflictos armados"", dijo ayer acertadamente la canciller. Ojalá sus colegas funcionarios en México entiendan esas palabras, no sólo para hacer justicia, sino también para resguardar la credibilidad de la ""lucha por la seguridad"". (El Universal)
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