El grado de violencia que ha alcanzado la guerra que libran los cárteles de la droga entre sí y contra la policía ha obligado al gobierno federal a respaldar las acciones anticriminales de los estados de la República en la frontera norte, en donde se ha manifestado con mayor dramatismo este fenómeno.
El operativo denominado México Seguro responde a este imperativo y se encuentra en un momento de expansión, pues las ramificaciones de la violencia rebasan con mucho la zona de origen, para ubicarse también en el Distrito Federal y el estado de México, por lo pronto.
Los gobernadores de los estados fronterizos han solicitado la ampliación de dicho programa, por considerar que aun es necesario, para mantener controlada la violencia que se vive en estos lugares del país.
Tal petición ha puesto en riesgo la aplicación de México Seguro en la capital de la República y su zona connurbada, donde tarde o temprano tendrá que haber sistemas de seguridad confiables a cargo de sus propias autoridades y no obedeciendo a este tipo de programas emergentes de tipo federal.
Es inadmisible que se continúe alterando la paz social con balaceras, ajusticiamientos, secuestros y toda clase de tropelías, la mayor parte de las cuales giran en torno del narcotráfico, el cual, aunque es un fenómeno muy reciente, no deja de preocupar por lo que significa para la idea de país que tenemos y el ideal de futuro que queremos para él.
La violencia, producto del narcotráfico, no tiene su origen en sí misma, sino en el extremado consumo de estupefacientes en Estados Unidos, cuyo gobierno critica a sus vecinos del sur por su aparente lentitud para solucionar el tráfico y la violencia, en tanto que ellos mismos no han querido solucionar el gran problema del consumo social y de la corrupción entre sus fuerzas policíacas.
Con todo, la frontera norte, por ser paso natural de los narcóticos, ha visto con mayor crudeza esta situación y es ahí donde se inició el operativo federal y en donde ahora se pide su ampliación.
Sin embargo, por adecuada que pueda ser la intervención del gobierno federal en la actual coyuntura, ninguna autoridad local o municipal queda exenta de asumir su responsabilidad en esta batalla por la seguridad pública.
Ni los gobiernos de los estados del norte del país, ni los del Distrito Federal ni el estado de México pueden evadir su propia responsabilidad. El apoyo federal es complementario y deberá ser temporal en tanto las manifestaciones más agudas del fenómeno se atenúan o resuelven.
Ninguna autoridad estatal o municipal puede cerrar los ojos a lo que está pasando y delegar en otros lo que en estricto sentido corresponde a ellos resolver en primera instancia. Delincuencia y criminalidad son realidades, tanto en la frontera norte como en el Distrito Federal, pese a los discursos triunfalistas de muchas de las autoridades de estos lugares del país, que pretenden negar con estadísticas y declaraciones un problema que, por desgracia, los ha rebasado y que la ciudadanía sufre de manera cotidiana.
México Seguro tiene que ser el principio de un trabajo muy ambicioso, que siente las bases de un sistema nacional de seguridad pública de largo alcance, que si bien ahora arranca como emergente, con el tiempo sirva de plataforma de coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno en todo el país y de sus respectivos cuerpos policíacos y de inteligencia. (El Universal)
