"La urgente reunión del Gabinete de Seguridad con el presidente Fox, así como la que se llevó a cabo en la Secretaría de Gobernación, demuestran el grado de preocupación que parece mostrar, ya, el Gobierno Federal mexicano por los extremos de violencia a los que se ha llegado en México en los anos recientes, pero muy particularmente en los meses que lleva este ano.
Esta violencia se ha mostrado, con un mayor grado de virulencia, en las ciudades de la frontera, convertidas en campos de batalla de las pandillas pertenecientes al crimen organizado y del narcotráfico, en disputa por mercados y redes de distribución y venta de droga.
Los enfrentamientos, que se dan indiscriminadamente, quebrantan el orden social, hacen anicos las leyes, perturban la vida cotidiana de las urbes y transmiten al mundo una imagen de un México sangriento de forajidos insaciables que no corresponde a lo que realmente somos.
Los registros periodísticos indican que tan sólo en los ocho meses que van del presente ano, 820 personas han sido asesinadas por los narcotraficantes, por rivalidades y venganzas. El dato está fuera de toda proporción en un país que no está en guerra. Las entidades más violentas son Tamaulipas, Baja California, Guerrero, Oaxaca y el Distrito Federal, según los mismos indicadores.
Asimismo, después de la explosión de dos granadas en un palenque de Tonalá, Jalisco, el gobierno convocó a reuniones de emergencia para hacer frente a la situación.
También, como hemos dicho, el Gabinete de Seguridad, que congrega a los secretarios de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública y a la Procuraduría, revisaron la situación y acordaron radicalizar el operativo México Seguro, que desde el 12 de junio intensifica las acciones en contra de la violencia, el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.
El vocero presidencial dijo que el Presidente de la República se encuentra ""muy preocupado"" por la ola creciente de violencia. Tanto el vocero como el secretario de Seguridad Pública dijeron que no se ha considerado decretar ningún estado de excepción ni toque de queda en las ciudades más violentas del país, incluida Nuevo Laredo.
Esta es una cuestión que nos importa sobremanera. Debemos estar de acuerdo en que el gobierno asuma con decisión su papel de salvaguarda de la seguridad nacional, pero también nos compete estar alertas de que esa lucha no viole las garantías individuales ni vulnere los derechos humanos de nadie. Es imposible restablecer el orden constitucional con métodos criminales. El recurso a tales prácticas con la excusa de un ataque sin tregua contra la violencia, es propio de los regímenes tiránicos, fascistas, que no actúan limitados por ordenamientos legales, democráticos.
La cacería de brujas se utilizó para eliminar rivales y para despojar de su patrimonio a otros. El riesgo de desnaturalizar una lucha legítima contra el crimen organizado sólo se supera si se actúa estrictamente dentro de los marcos de la ley. Los cuerpos de seguridad federales y estatales pueden trabajar ampliando su coordinación, intercambiando información de inteligencia y apoyados en los cada vez más profesionales métodos tecnológicos y científicos para combatir el crimen.
En menos de dos meses, el operativo México Seguro aún no ha tenido oportunidad de mostrar su efectividad, y ya encara la urgencia de radicalizarse. Ello es comprensible, y aceptable, pero ningún avance en esa prioritaria tarea es válido a costa del atropello de los derechos humanos y ciudadanos. Aun en la radicalización de mecanismos contra el crimen, debe prevalecer el Estado de Derecho. (El Universal)
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