"Francisco Valdés Ugalde * SUN
En medio del ruido provocado por el calentamiento de los motores electorales para el ano 2006 no se presta la atención debida al crecimiento de la violencia en la frontera norte y las acciones de las autoridades para combatirla. El asunto constituye un verdadero quebradero de cabeza para cualquiera que se aproxime objetivamente a él.
Para empezar repito un lugar común que no por eso deja de ser fundamental. Nuestro país convive con el más grande mercado consumidor de drogas ilegales de la historia humana. Esta demanda es un imán para todo tipo de filibusteros que buscan participar en las fabulosas ganancias que arroja este mercado ilegal. De ahí la conformación de por lo menos cuatro grandes organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y colaterales: los cárteles del Golfo, de Juárez, de Tijuana y de Sinaloa. Cada uno trata de controlar una salida hacia EU, lo cual hace que se dividan la línea fronteriza y la utilicen como tierra de nadie para sus propósitos.
Una característica de las mafias de la droga en México es que hasta hace poco habían prescindido de la organización de milicias propias. El sentido común conduce a explicar esto por la proclividad de los cuerpos policiacos a corromperse con facilidad para servir de protección a esas organizaciones.
Según la información proporcionada por el ""Programa emergente de acciones para controlar el fenómeno delictivo"" del gobierno federal (2004), 77% de las fuerzas de policía del país son estatales y municipales, mientras que sólo 23% restante corresponde a la Federación.
A esto hay que agregar que las corporaciones policiacas están dispersas en cuanto a mando y coordinación y son extremadamente heterogéneas en la calidad de su personal. Esto implica que su capacidad de respuesta frente a la delincuencia organizada es baja y que el control que las autoridades políticas ejercen sobre ellas en forma coordinada es igualmente débil.
Es difícil evaluar el grado en que las policías han sido penetradas por el narcotráfico y otras bandas organizadas. Sin embargo, el hecho de que hayan prescindido de miniejércitos otorga credibilidad a la suposición de que el narco es beneficiario de protección por parte de los cuerpos de seguridad o que, en última instancia, no tiene por qué preocuparse de ellos.
En este contexto, el lanzamiento del programa México Seguro por órdenes del Presidente de la República puede representar el inicio de una nueva etapa en la política gubernamental para atacar el crimen en general y el crimen organizado en particular. De ahí que el programa del gobierno federal se haya enfocado a desplegar operativos en Tamaulipas, Baja California y Sinaloa.
Son los estados en que los hechos criminales característicos de una guerra entre mafias por el control de zonas de influencia aumentó alarmantemente. En Nuevo Laredo ha tenido lugar una intervención particularmente importante para disolver a la policía local y someter a investigación a sus elementos.
Los primeros datos oficiales del operativo son contundentes: al menos 41 policías de la localidad han sido acusados de actividades criminales de un total de 104 personas que fueron aprehendidas por el mismo motivo.
La lógica a la que ha respondido el programa y sus primeros operativos es, al menos en principio, la recuperación del control estatal de la capacidad de ofrecer seguridad. En el orden de los asuntos que están implicados en esta erupción de prepotencia de los narcotraficantes está, indudablemente, la seguridad de la sociedad, que tiene que ser garantizada por el Estado y, dentro de éste, por la policía.
Pero el cumplimiento de esta obligación está asociado a la capacidad con que se cuenta para hacerlo. Eso que conocemos como ""democracia mexicana"", es decir, el Estado nacional de hoy, no dispone a plenitud y con eficacia de lo que Max Weber consideraba el fundamento del Estado moderno: ""El monopolio de la violencia legítima"".
Acostumbrados a un control arbitrario de la delincuencia a partir de un gran poder disciplinario de arriba hacia abajo, hemos reparado apenas en el hecho de que al pluralizar el poder es necesario unificar y coordinar el mando sobre los aparatos de seguridad.
Todas las formas de Estado, y quizás más que ninguno, los estados democráticos requieren de construir un aparato de seguridad, tarea poco vistosa y, presumiblemente, poco honorable pero indispensable. Se trata de las fuerzas armadas que lo defienden y que actúan no sólo a la luz pública sino, inclusive en los pliegues del sigilo requerido para someter la delincuencia al imperio de la ley y evitar que ocurra lo puesto: el control de la administración pública por la delincuencia.
De ahí que sean encomiables los esfuerzos para organizar un sistema federal de policía de primer nivel.
Con el operativo México Seguro quizás empiece a probarse la tesis de que a la postre será necesaria la creación de una policía nacional.
En todo caso, es de esperar que las acciones emprendidas ofrezcan un principio de salida a la inseguridad y al atraso de las policías. Pronto habrá oportunidad de valorar los resultados de esta nueva política para organizar la fuerza del Estado y combatir la delincuencia profesional.
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Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
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