Las fuerzas de seguridad están en un declarado combate para evitar que el narco se apodere de fracciones del territorio nacional, pasando de un modelo transaccional a uno de dominio, no sólo para operar libremente el comercio de la droga, sino para implantar un modelo económico, político y social dominado por el crimen organizado.
Es un asunto de la mayor importancia y explica las advertencias repetidas de que la actividad de los narcotraficantes podría pasar de ser un asunto de seguridad pública a uno de seguridad nacional. Un documento obtenido por El Universal revela que más de la mitad de la droga que se trafica y consume en México es suministrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), guerrilla que ha reemplazado a los cárteles de Cali y de Medellín, los cuales llegaron a ejercer una vasta influencia en su país, al grado de financiar la campana electoral del presidente Ernesto Samper (1994-1998), investigado y exonerado por el Congreso de su país en una decisión controvertida.
Según el documento del gobierno colombiano, parte de la droga que las FARC envían a México se traslada a Estados Unidos y Europa. Colombia aporta más de 90% de la droga que consumen los estadounidenses.
Esta actividad ilícita genera miles de millones de dólares anualmente, además de lo que las bandas obtienen por secuestros, extorsiones, atentados y contrabando de armas.
De suyo peligroso por el poder corruptor y distorsionador de altos montos de dinero negro, junto con la droga exportada empieza a llegar un modelo de organización, que aquí se aprecia ya en algunos modus operandi de cárteles mexicanos como el del extraditado Osiel Cárdenas Guillén, quien los días del nino distribuía regalos entre comunidades en las que tenía actividades delincuenciales, para fincar una base social, al estilo de Pablo Escobar Gaviria en Medellín.
El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, está consciente de la dimensión que la batalla puede alcanzar, por la virulenta reacción que ha de esperarse de las bandas mermadas con los operativos y golpeadas por las extradiciones de sus capos, que según un sondeo de la firma Parametría, son apoyadas por la mayoría de los mexicanos ante el conocimiento de que algunos de ellos seguían operando desde las cárceles.
Aquí vimos recientemente en Michoacán un intento de sentar una base social al servicio de los traficantes de drogas con la banda autodenominada La Familia, que abatía a enemigos a la vez que ofrecía una presunta protección a los ciudadanos.
Pacto faustiano sí lo hay. Por ningún motivo podemos permitirnos como país la reproducción de un modelo de narcoguerrilla.
La lucha por extraer del dominio del territorio mexicano a los delincuentes debe ser palmo a palmo, tanto en sus actividades de violencia, como en sus contenidos sociales y desde luego en sus intentonas de filtrarse a la política.
Pero este combate, no debemos cansarnos de repetir, no es sólo de los mexicanos, sino de todas las naciones amenazadas por el tráfico de drogas. (El Universal)
