En enero de este año, Edith huyó de la violencia en Lázaro Cárdenas, municipio de Chicomuselo; pidió asilo en Estados Unidos y desde ahí, exige la investigación y búsqueda de su padre y su hermano, de Abraham González Laparra y Kevin Daniel González Pineda, desaparecidos el pasado 26 de mayo.
“Cuando terminó la pandemia comenzó la violencia”, recuerda Edith que hace dos años los balazos, casos de desaparecidos, entre otros delitos ya se escuchaban en la región, pero con el paso de los días la situación se fue agravando.
Edith es maquillista y también daba clases, “tenía varias alumnas, pero sus papás ya no les daban permiso de asistir por la misma situación de inseguridad”; luego le subieron a la renta de su local y dejó de tener citas para maquillar, “ya nadie hacía fiestas”.
De la frontera que estaba llena de vida por la circulación de gente y de comercio, queda poco, coinciden los lugareños contactados. Incluso las personas migrantes la tienen identificada como una “zona caliente” por las desapariciones y secuestros de sus connacionales en ese punto.
La sala de belleza de Edith se volvió insostenible, comenzaron a bloquear las carreteras y la violencia aumentó; entonces tomó la decisión junto a su esposo de migrar a Estados Unidos y en enero solicitaron el asilo para ellos y su pequeño hijo.
“Le dije a mi papá que viniera pero no quiso”, recuerda que en las últimas semanas de mayo también le recomendó mucho que evitara salir, “pero ese día, por ir ganar 100 pesos en pintar la casa de un hombre en Frontera Comalapa, mi papá desapareció con mi hermano”.
El último mensaje que recibió Edith de su padre fue a las 11:15 horas del 26 de mayo. Testigos oculares le aseguraron a Edith que su padre y su hermano fueron levantados en la gasolinera de Chicomuselo. Ella considera que estaban esperando transporte para regresar a la comunidad.
Hasta ahora, dice que ninguna autoridad ha respondido por el tema de los desaparecidos en la región, “somos muchos, pero la gente no quiere hablar porque tienen miedo”.
Panorama
De acuerdo a testimonios, hay familias que no buscan a los desaparecidos por temor y por amenazas; otros aparecen después de seis meses en que el crimen organizado los obliga a trabajar como “cocineros”, pero generalmente estas personas o las familias enteras huyen del estado.