A sus 23 años, Elena huyó de Honduras después de que el crimen organizado asesinara a su pareja. Caminó 700 kilómetros ocultando su identidad de mujer trans para evitar violaciones y extorsiones. Al cruzar la frontera sur, creyó encontrar refugio; pero en Chiapas, la espera interminable para obtener asilo, la discriminación laboral y el acoso policial la obligaron a trabajar en una cantina.
“Es elegir entre morir o vivir humillada”, confiesa. Su historia resume el drama de cientos de migrantes LGBTQ+ que chocan contra un muro de burocracia y xenofobia en el estado.
Este fue el eje del conversatorio “Diversidad sin Fronteras: Justicia, Resistencia y Unidad”, con el que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas cerró su ciclo de actividades por la visibilidad de la diversidad sexual.
Durante cinco días, académicos, activistas y funcionarios analizaron las crisis entrelazadas que afectan a esta población en movimiento, colocando a Chiapas como epicentro de una emergencia humanitaria ignorada.
Trampas del sur
Lilit Hernández, mujer trans chiapaneca y representante del refugio Casa Frida LGBTQ+ en Tapachula, detalló una ruta crítica, al salir de sus países, el 60 % huye de amenazas de muerte por su identidad u orientación.
En Centroamérica, el crimen organizado impone “impuestos” a trabajadoras sexuales trans o las fuerza a actividades ilícitas. En el tránsito, el 40 % sufre violencia sexual o física. Muchas “vuelven al clóset” para no ser detectadas, mientras redes de trata captan a adolescentes LGBTQ+ abandonados.
En Chiapas, la desinformación sobre trámites de refugio, la negación de atención médica (especialmente a personas con VIH) y la explotación laboral profundizan la crisis.
Oasis bajo asedio
Con capacidad para solo 14 personas, este refugio es una trinchera contra la desesperanza, atiende a 50 migrantes LGBTQ+ nuevos cada mes, desde haitianas trans hasta jóvenes rusos perseguidos.
El 70 % son mujeres trans y lesbianas expulsadas por familias conservadoras o Estados omisos. Sin embargo, su modelo de acompañamiento integral —legal, psicológico y laboral— hoy peligra tras los recortes de fondos internacionales que redujeron su presupuesto en 60 % tras cambios políticos en Estados Unidos.
“Necesitamos que el gobierno de Chiapas priorice la vida sobre la burocracia. Hoy, dormir en la calle o morir no son metáforas para nosotras”, fue el mensaje urgente con el que concluyó Lilit Hernández.
