En lo que va del ano pasan de mil los asesinatos cometidos por los sicarios del crimen organizado en México, cuatro al día, uno cada seis horas. El repetido suceso va dejando de ser drama para quedar en estadística. Nueve estados son el territorio dominado por la violencia de los narcotraficantes: Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Baja California y Chihuahua; además Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.
El gobierno puso en marcha el operativo México Seguro y antes de dos meses lo radicaliza, pero las matanzas no se frenan. Al contrario, se han trasladado a otros estados como Guerrero, Quintana Roo, Puebla y Zacatecas. Los maleantes están dotados de armas cada vez más poderosas, que los hacen sentirse incontenibles, y por lo visto lo son.
Las bajas causadas por la fiera disputa de rutas y territorios del tráfico de estupefacientes son exorbitantes para un país sin un estado de guerra declarada. Se dice fácil, pero más de mil ejecutados en ocho meses es demasiado, y seguramente amerita nuevos enfoques y estrategias en el combate a ese flagelo.
Los delincuentes se matan entre sí y quizás alienten en la policía el perverso cálculo de que algún día terminarán por eliminarse totalmente, dispensándolos de la tarea de aprehenderlos. Mientras tanto, hay que hacer algo más que despliegue de tropas que atemorizan a los civiles y ahuyentan a los turistas.
Debe insistirse en la necesidad imperiosa de atacar las líneas de abastecimiento de armas y parque, 80% de las cuales entra de contrabando por la frontera norte, no importa cuál sea su procedencia. Una banda con armamento limitado en su número y poder de fuego será, consecuentemente, una pandilla menos letal.
La colaboración entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico nos permite reclamar una acción eficaz de su parte para detener el contrabando de armas, así como nosotros combatimos el flujo migratorio de los países del sur hacia el norte. De la misma manera pueden compartir con nosotros más información de inteligencia que nos ayude a rastrear la ruta de las armas para desmantelarla.
Es indudable que Estados Unidos puede hacer mucho más en estos campos para desarmar a las bandas criminales, sin demérito de que aquí se actúe también en el mismo sentido con mayor eficacia que con los retenes; más organizados para fortalecer la imagen y el respeto que nos merecen las Fuerzas Armadas.
Otro frente que debe ser atendido es el de los cabecillas de las bandas, algunos de los cuales las dirigen desde los penales de alta seguridad en que están confinados. Es increíble, para decir lo menos, que esa actividad criminal no pueda ser evitada con la aplicación rigurosa de los reglamentos internos.
En esta guerra entre narcotraficantes, muchos inocentes caen víctimas de los enfrentamientos. Ni la Procuraduría General de la República, ni la Secretaría de Seguridad Pública federal, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni las procuradurías estatales han podido contener las matanzas. Por eso, no sobra insistir en que se debe cortarles las líneas de abastecimiento de armas y municiones, así como someter a los capos encarcelados. Esto puede ayudarles en la difícil tarea.
Es urgente que los tres poderes federales atiendan el llamado de la sociedad a contener esta atmósfera viciada que parece extenderse por todos los rincones del país. El desafío de las bandas criminales al Estado ya rebasó todo lo imaginable. Seguir por esta vía de creciente violencia y entrega de territorios a los capos del narcotráfico sólo puede llevar a México al despenadero. En el esfuerzo de reintegrarle a los mexicanos seguridad y paz no hay un manana. (El Universal)
