Hace dos semanas, a través de un recorrido por la frontera entre México y Estados Unidos, se puso en evidencia la facilidad con la que el crimen organizado actúa en suelo de nuestros vecinos. Por ello adquiere relevancia que la Fuerza Aérea estadounidense planee sumarse a la cruzada contra las drogas. Un esfuerzo loable pero susceptible, como tantos otros ámbitos de la relación bilateral, de la desconfianza mutua.
Reconforta saber que el gobierno de Barack Obama hace algo más que lo estipulado por la Iniciativa Mérida, herencia de su antecesor. El diagnóstico lo amerita: el jefe de la Policía de Calexico, California, reconoce que apenas detiene 5% de los cargamentos de droga que pasan por la garita, mientras que en El Paso, Texas, el sheriff admite que militares estadounidenses han colaborado con el narcotráfico en esa zona. Ninguna autoridad civil en aquella nación ha demostrado ser capaz de enfrentar el problema, por eso tiene sentido que ahora sus Fuerzas Armadas se involucren.
Dice el reporte sobre estas incursiones que la misión es proporcionar vigilancia en apoyo a las agencias de seguridad nacional, es decir, que proporcionará datos a instituciones como la DEA, el FBI o la patrulla fronteriza. En teoría podríamos ver aviones F-22 sobrevolando el río Bravo para conocer las rutas de los cárteles de la droga, pero también para localizar puntos de traslado de migrantes indocumentados.
Cabe preguntarse si la misma información será compartida con las autoridades mexicanas, quienes en todo momento han involucrado a Estados Unidos en sus tareas sin que suceda de forma recíproca. De esta cooperación plena depende el éxito mutuo en la lucha cada vez más encarnizada contra el crimen organizado. (El Universal)
