Luego que la Agencia de Investigación Ambiental advirtiera que Chiapas se había convertido en un ‘paraíso’ del trafico ilegal de madera, grupos de talamontes confirmaron ser explotados por células organizadas que apenas les pagan dos mil pesos por camión de madera, mientras que estos ‘coyotes’ ganan 40 mil por carga y generan ganancias calculadas entre 30 y 100 mil millones de dólares anuales.
De esta manera, Chiapas es punta de lanza en el tráfico ilegal en México y América Latina, ejerciendo además una nueva forma de esclavitud, pues los particulares pagan a indígenas por deforestar sus propias zonas naturales y refacturan permisos oficiales para después vender con el Norte del país y Estados Unidos.
Específicamente lo develado por investigación documental es que Chiapas forma parte de una red internacional de ‘lavado’ de madera -como se conoce en el mercado negro al comercio ilegal de esta materia prima- con facturas apócrifas de productos maderables, que incluye árboles locales, principalmente de las zonas Norte, Altos, Selva y la región limítrofe con Oaxaca.
Esto explica por qué se pueden ver camiones repletos de madera circulando con impunidad por caminos de Chiapas. Tienen permisos falsos.
Por cada camión tipo torton de madera de origen ilegal que se comercializa en Chiapas, los dueños de aserraderos que hacen de intermediarios ganan unos 40 mil pesos, mientras que los talamontes, como se ha dado en llamar a grupos de indígenas pobres, ingresan dos mil pesos.
Un negocio redondo para los ricos de siempre, que están llevando al borde del exterminio a una nueva víctima: los bosques y selvas de Chiapas, que han perdido entre el 70 y 85 por ciento de su cobertura vegetal.
Inicialmente, la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés) documentó a México como el tercer país con mayor manejo de madera ilegal para comercializar con Estados Unidos al mercado de muebles y servicios; sin embargo, ante las ganancias de ese tráfico externo, se ha sumado el comercio de aserrío local, incluidas maderas preciosas extraídas de las zonas Selva, Altos y Norte de Chiapas.
La trama
Básicamente se trata de un mercado de madereros de Chiapas —como de otros estados— que utiliza a los indígenas como esclavos, aprovechándose de su situación de alta marginación, además de poca educación y conciencia; se les pide talar madera y entregárselas en puntos específicos del monte; así lo narró Sebastián Narváez, quien tiene una maderería de ‘motosierra’ en Tuxtla.
Una vez ahí —en un punto seguro del monte— refacturan la madera mediante un documento de reembarque forestal, con factura fiscal y nota de remisión. Con estos papeles, el mal está hecho.
Sebastián explicó que prácticamente todos los aserraderos legales de Chiapas han dejado de operar por los elevados costos de maniobra y la obligación normativa de sembrar a la par de cortar árboles.
Sin embargo, conservan sus permisos y siguen dados de alta en Hacienda y la Semarnat, por lo que utilizan sus formas oficiales validadas para comercializar madera cortada con motosierras de manera ilegal.
Los madereros ricos de Chiapas pagan a los indígenas entre 200 y mil pesos por el metro cúbico de madera de pino en el monte, dependiendo la calidad y si las piezas presentan cortes de motosierra o han sido rebajadas con sierras cintas que ofrecen el aspecto de tener como origen aserraderos legales y no ‘mataderos’ en la selva.
Especialmente solicitadas son las piezas de cedro corazón azul, que son extraídos particularmente de la región Altos, así como municipios específicos como Altamirano, Ocosingo y las inmediaciones de San Cristóbal de las Casas.
Un camión tipo torton carga aproximadamente —dependiendo si la carga está seca o mojada— unos 40 metros cúbicos de madera en rollo, los cuales representan una ganancia de 40 mil pesos para los aserraderos ‘coyotes’.
Pero los indígenas reciben un pago de dos mil pesos, por lo que el dinero apenas les alcanza para mantenerse unos días antes de regresar a los cerros a continuar talando.
Sin embargo, lo que inició con un pago de dos mil pesos para los indígenas pobres da un giro dramático con las economías internacionales, pues esos mismos 40 metros cúbicos de madera en rollo, es decir, un árbol cortado en tramos, una vez maderado y procesado multiplica las ganancias; de tal suerte que se calcula que anualmente en Chiapas se estarían generando ganancias entre 30 y 100 mil millones de dólares anuales.
Es claro que se necesita mayor regulación a la operación de los aserraderos y una verdadera reforma que en su espíritu evite el mal uso de los permisos.
Profepa
Al respecto, el delegado de la Profepa en Chiapas, José Ever Espinoza Chirino, reconoció la gravedad de la problemática y dijo que permanentemente la dependencia realiza operativos locales y regionales bajo la directriz de la operatividad nacional.
Pero en prácticamente todos los casos encuentran la refacturación ya realizada, por lo que legalmente no pueden hacer nada y básicamente las detenciones realizadas se efectúan cuando las cargas llevan marcas de motosierras.
En esos casos la Procuraduría General de Protección Al Ambiente (Profepa) inmoviliza la carga e inician una investigación, que en prácticamente todos los casos comprueba que las cargas tienen origen ilícito y fueron refacturadas.
Semarnat
Por su parte, en entrevista previa, el delegado de la Semarnat en Chiapas, Antonio Lorenzo Guzmán, reconoció el comercio ilegal de madera y dijo que representa hasta el 70 por ciento de lo comercializado en el estado.
Explicó que las normativas en torno a los documentos de embarque de la madera no las determina la delegación en Chiapas, pues esta solamente atiende las leyes en materia.
De tal suerte que, actualmente, aserraderos de Chiapas aún cuentan con permisos de aprovechamiento forestal, aunque las prácticas que cada uno realiza sobre sus permisos es responsabilidad de cada particular.
Por su parte, la Semarnat ofrece asesorías y cursos para el correcto aprovechamiento forestal, el cual, además de la tala, incluye la siembra de árboles nuevos.
Aunque esta poca rentabilidad ha generado que los propietarios de aserraderos dejen de sembrar árboles luego de cosechar, y en su lugar compren madera en rollo a grupos indígenas que después hacen pasar como propia.
Denuncia internacional
Señalando que en el país se comercializa el macizo forestal de las 150 Áreas Naturales Protegidas de la República Mexicana y se comercializa con Estados Unidos el 60 % de la madera talada sin permiso del Amazonas y bosques de Perú, ingresando por Puerto Chiapas y las fronteras terrestres.
El destino en México de los bosques talados, principalmente en Chiapas y Oaxaca, en el Sureste Nacional, son ciudades del Norte y Occidente del país, como Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Coahuila; sin embargo, estos sitios son ‘trampolines’, pues el principal destino es Estados Unidos, que utiliza la escueta Ley Forestal en México para ingresar madera ilegal por su Frontera Sur, mediante facturas falsificadas.
En este sentido, René Orantes, presidente de la Asociación Civil Bosques y Gobernanza, recordó que Chiapas cobra un papel relevante a nivel nacional, toda vez que el 90% de su madera es talada ilegalmente por grupos madereros organizados en mafias forestales, que además dejan sin sustento a los grupos comunitarios locales.
Dijo que anualmente en la entidad se comercializan 400 mil metros cúbicos de madera —principalmente pino— prácticamente todo proveniente de aserraderos clandestinos en diversas regiones del estado, destacando Ocosingo, Palenque, además de las zonas Norte, Centro y Frailesca, quienes utilizan facturas falsas o duplicadas para vender el producto.
Reconoció que la venta de madera con facturas alteradas es una problemática grave que afecta y genera el saqueo de los bosques y selvas en Chiapas, de prácticamente las 150 Zonas Naturales Protegidas del estado.
Ley forestal
El activista señaló que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en México, incluso tras la reciente Reforma, no permite el aprovechamiento forestal a los pequeños productores, argumentando la defensa del medio ambiente, pero tampoco regula jurídicamente el traslado y comercio de madera, facilitando la duplicación de facturaciones y creación de guías forestales apócrifas.
Recientemente, con el voto conjunto de los partidos PRI, PAN, PVEM y PES, fue aprobada la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, mediante la cual los órganos civiles que vigilaban la política forestal mexicana se convierten únicamente en órganos de consulta y pierden toda función de supervisión, generación de propuestas de aprovechamiento y veto
Silvicultores
Al respecto, Alberto Buenrostro, integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (Ccmss) y la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), explicó que el ‘lavado’ de madera fue identificado por las autoridades ambientales en México y también por los organismos internacionales, sin embargo, el Senado y la Cámara de Diputados no ha logrado cerrar el paso a este ilícito que se cree genera ganancias entre 30 y 100 mil millones de dólares anuales.
El también expropietario de tres aserraderos, los cuales cerró por falta de ventas legales, expuso que la tala ilegal daña al medio ambiente y la economía de los pueblos, toda vez que ante los bajos precios en los que se comercializa la madera ilegal, los aserraderos tienen poca capacidad de competencia, que además de vender tienen un manejo forestal que requiere reforestación e inversión de recursos.