Al amparo de la normatividad, los ayuntamientos de Chiapas eligieron pagar unos 73 millones de pesos (mdp) anuales a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en multas que “autorizan” desechar aguas negras a los ríos para redireccionar recursos federales en aciones de impacto político-electoral.
Y es que de los 124 ayuntamientos en Chiapas, solamente uno tiene funcionando plantas de tratamiento en apego a la normatividad; el resto paga entre 90 y 200 mil pesos por concepto de multas directamente a la dependencia.
Esto significa que de todas las plantas de tratamiento de aguas residuales construidas en Chiapas, en diferentes sexenios, menos del 1 % funciona; el resto se gastó el dinero y ningún alcalde se preocupa de la contaminación que genera la sociedad, emitiendo y descargando las aguas residuales a los cauces de agua y al medio natural del estado.
Esto representa un ingreso promedio trimestral para Conagua de 18 mdp, anualmente 73 mdp. Con ello, los alcaldes “pagan” impunidad y pueden continuar tirando desechos a ríos que ofrecen agua potable, pesca, riego para frutas y verduras, además de actividades de nado y turismo, bajo el argumento de falta de recursos de operación.
Esta práctica de los ayuntamientos no es nueva, data de varias administraciones gubernamentales, particularmente de la gestión estatal de 2006 al 2012, donde se construyeron unas 300 plantas de tratamiento por un monto superior a los 500 mdp, que por cierto, no funcionan.
Razón
El argumento de los alcaldes para no operar las plantas no solo es falta de dinero, sino que muchas fueron mal diseñadas y a otras les falta equipo y mantenimiento para su operatividad. No obstante, la Federación les asigna recursos para obras de agua, pero se sabe que ese monto es utilizado para cumplir pactos políticos de drenaje y agua potable en comunidades donde promovieron el voto, en lugar del rescate de los equipos de saneamiento
Sanciones
El organismo sancionador directo es Conagua y lo hace, cobra anualmente un monto calculado en 73 mdp como multas, en lo que pareciera ser un ciclo cumplido de impunidad en detrimento de los ríos, lagunas, lagos, mares y acuíferos, y por supuesto, del medio ambiente y los recursos naturales de Chiapas; uno de ellos, por ejemplo, son los Lagos de Montebello, a donde van a parar las aguas residuales de Comitán.
Y el otro ejemplo es la cuenca del río Suchiapa, que recibe las aguas de muchas comunidades y ejidos de La Frailesca. Las aguas contaminadas con heces fecales van a parar al vaso de la presa Chicoasén.
No obstante, recientemente el director de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) en Chiapas, Jorge Zapata, advirtió que en caso que los ayuntamientos continúen contaminando, buscará las rutas para sancionar a los alcaldes.
Agregó que aunque existen diversos órganos de vigilancia y sanción, la Profepa reforzará su vigilancia en los procesos que llevan los ayuntamientos para el manejo de sus aguas residuales, pues entre sus alcances destaca también la vigilancia de municipios.
Conagua
Al respecto, el director del Organismo de Cuenca de la Frontera Sur de la Conagua, Felipe Irineo Pérez, confirmó el escenario de contaminación general en Chiapas, aunque de manera responsable, dijo que le hará frente por el bien de Chiapas.
Cuestionado específicamente sobre estas sanciones que legitimizan el ecocidio, mencionó que espera estas multas desaparezcan y se cambien por cumplimiento de los ayuntamientos, pues como nunca antes el Gobierno Federal y el del gobernador Eduardo Ramirez, están comprometidos.
Dijo que para resolver la problemática, la Federación etiquetó recursos mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) para ahora obligar a los ayuntamientos a construir, rescatar y operar las plantas de tratamiento abandonadas.
Destacó que el Gobierno Federal impulsa el Plan Hídrico Nacional, mediante el cual se busca que todos los municipios de México tengan un proyecto para el manejo de drenaje saneamiento y servicios de agua.
Sostuvo que espera que los 124 municipios de todo Chiapas logren regularizarse, destacando Palenque y San Cristóbal del Las Casas como los municipios que ya iniciaron sus proyectos ante el plan nacional.
Respecto de la grave contaminación, dijo que es un escenario complejo y mucha responsabilidad tendría la falta de mantenimiento y correcta operación, por ello el Gobierno Federal modificó las aportaciones de las partidas. Es el caso del FAIS, que ordena que el 30 % del recurso sea asignado para agua potable, drenaje y saneamiento.
Desvio de recursos
Es de mencionar que este apartado podría ser susceptible a interpretaciones, pues proyectos de agua también son tomas potables o sistemas de drenaje, que usualmente son utilizados por ayuntamientos para desvío de recursos o captación de promoción del voto.
En este sentido en especifico, al preguntársele sobre qué mecanismos sancionadores habrá contra los ayuntamientos que se gasten el dinero y no construyan y/u operen las plantas, respondió: “Se vigilarán a los ayuntamientos para que cumplan la ley”.
Sobre el número de municipios que no operan plantas de tratamiento, dijo que hay más de 300 plantas, aunque solamente trabajan entre el 25 y 30 % de ellas, y todas de manera ineficiente, aunque en realidad opera de forma correcta menos del 1 %.
ONU
Dato que contrasta con el doctor en Hidráulica y premio mundial de Ingeniería por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Martin Mundo Molina, quien señala que solamente las plantas de Tuxtla Gutierrez, Paso Limón y Reloj Floral, funcionan de manera normativa.
Esto en gran medida a la falta de mano de obra calificada para funcionamiento, de recursos para la operación y cambien al mal diseño de las plantas, que muchas de ellas no son funcionales.
Dijo que esta incapacidad para atender el desalojo y tratamiento de aguas residuales es grave, pues incide directamente en la contaminación de cuencas de uso humano en actividades generales, incluida la de riego y captación de agua potable.
De esta manera, salvo Tuxtla Gutierrez, la totalidad de los ayuntamientos desechan aguas negras directamente a los ríos, violentando además del Derecho Humano al Agua, leyes como la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, además de Ley Federal de Derechos y la Ley General del Equilibrio.
Mal diseño de plantas de tratamiento y falta de mano de obra calificada, es para el experto el reto principal.
Es el caso del río Grijalva en Chiapa de Corzo, donde se capta el agua potable para municipios cercanos como Chiapa de Corzo, Tuxtla y Acala, estas se realizan a kilómetros de diferencia de donde varios de ellos desechan aguas negra sin tratamiento.
Alcaldes
Respecto del razonamiento del por qué desechar sus aguas negras a los ríos, los alcaldes alegan falta de recursos para operar y ausencia de personal capacitado.
Por ejemplo, el alcalde de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar, dijo que pagaba entre 150 y 200 mil pesos trimestrales por concepto de multas ante la Conagua por desechar sus aguas directamente a sus ríos en el municipio.
Explicó que así recibió la administración y que el principal impedimento era la falta de recursos, pero que gracias este proyecto federal buscará poner en marcha una planta nueva, en beneficio de su municipio y del ambiente.
En tanto que ayuntamientos de la zona Zoque de la entidad, confirmaron el pago de entre 90 y 120 mil pesos, dependiendo de la densidad poblacional y la cantidad de desechos.
Cifras
Atendiendo la versión numérica del experto de la ONU, Martin Mundo, del total de plantas de tratamiento construidas en Chiapas, menos de 1 % funciona correctamente.
Ahora, en apego a la normatividad de Conagua, cada uno de estos 123 ayuntamientos deberían pagar entre 90 y 200 mil pesos. Si lo promediamos en 150 mil pesos de multa por cada uno, hablamos de que cada tres meses los alcaldes pagan a la Conagua 18 millones 450 mil pesos.
Esta cifra multiplicada por cuatro cortes trimestrales al año, representan un ingreso de 73 millones 800 mil pesos.
Estas multas les dan “permiso” a los ayuntamientos para seguir desechando aguas negras a sus ríos.
