Chiapas tiene 2.1 millones de niños en riesgo de trabajo infantil y 1.75 millones de empresas que podrían emplearlos ilegalmente, reveló Eduardo Córdoba Zamudio, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en Chiapas, en la clausura del diplomado contra el trabajo infantil que organizó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Para ilustrar la técnica de creación de políticas públicas, específicamente la Matriz del Marco Lógico (MML), el ponente utilizó ejemplos con cifras relevantes para el estado.
Si bien estas cifras fueron presentadas con un carácter informativo y como parte de un ejercicio metodológico, y no como resultados de una investigación específica sobre la prevalencia actual del trabajo infantil, sí contextualizan la magnitud del desafío en Chiapas.
Sin embargo, el ponente fue contundente al explicar que la entidad sufre un “alto grado de trabajo infantil”, un problema intrincado con el trabajo forzoso y la trata de personas, que demanda una intervención gubernamental urgente y masiva.
El funcionario alertó que estos casi dos millones de micro y pequeñas empresas que podrían, hipotéticamente, integrar a niños en sus procesos de producción, resalta el vasto campo de acción para la supervisión y regulación y evidencia una enorme dificultad de supervisión efectiva.
Factores
Entre los factores de riesgo que contribuyen a esta situación en el estado, se destacaron las familias chiapanecas sin recursos económicos suficientes, la falta de supervisión en los centros de trabajo, la escasa educación en la población sobre la problemática del trabajo infantil, la insuficiencia de autoridades y una legislación ambigua.
El maestro Córdoba Zamudio también hizo mención de la particularidad de los pueblos originarios en Chiapas, donde los usos y costumbres a veces permiten o normalizan el trabajo infantil, lo que requiere que las políticas consideren la evolución social respetuosa, pero firme en la protección de los niños.
Acciones
Ante el difícil panorama, Córdoba Zamudio propuso revisar leyes ambiguas, supervisar de verdad los centros de trabajo, capacitar funcionarios y movilizar a la ciudadanía.
La meta, sostuvo, es reducir el trabajo infantil a un “mínimo grado”. Subrayó que ninguna dependencia puede solo con este monstruo y se necesita una coordinación interinstitucional real y transversal.
