“Una de las actividades económicas que mayor desplazamiento forzado ha generado en Chiapas ha sido la minería, siendo el municipio de Chicomuselo, de la región Sierra, ejemplo de ello”, afirmó América Navarro López, investigadora del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (Cimsur), dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Recordó que a fines de 2009 fue asesinado Mariano Abarca, “una de las voces más importantes en defensa del territorio en el lugar por su fuerte activismo, hecho que tuvo fuertes repercusiones de escala mundial, obligando al gobernador Sabines a suspender -no a cancelar- la concesión a la empresa minera canadiense Blackfire Exploration Ltd”.
Expresó que la actividad minera fue reactivada a partir de 2021 bajo esquemas de “criminalidad estatal corporativa, que fue ejecutada a través de grupos ilegales armados para ser nuevamente clausurada por el gobierno federal en 2025”.
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También dijo que “haciendo un rápido repaso de los últimos tres períodos de gobierno, se puede ubicar un antes y un después durante el sexenio de Felipe Calderón y la gobernatura de Juan Sabines”.
Señaló que, no obstante, el desplazamiento forzado interno “fue de cierta manera invisibilizado en estados como Chiapas, dado que la atención estaba puesta en la violencia generalizada que imperaba en todo México, mostrada principalmente por los medios de comunicación.
