Si bien en mayor o menor medida la inseguridad afecta por igual a todos los mexicanos, es un hecho que en muchos casos las implicaciones y connotaciones sociales, económicas y políticas de los hechos delictivos varían en función de la rama de actividad de las personas afectadas. Es el caso de la violencia ejercida contra los periodistas.
Lamentablemente ésta cada vez se va haciendo más común en el país, lo que además de impactar negativamente en la vida o en la seguridad de los comunicadores, atenta contra la libertad de expresión y las libertades de México en general.
Es por ello que ayer la Procuraduría General de la República (PGR) estableció los lineamientos que deberán observar los delegados estatales de dicha dependencia para atender delitos cometidos contra periodistas nacionales o extranjeros dentro del país, perpetrados con motivo de su actividad profesional. Se instruye para que el seguimiento por parte del Ministerio Público Federal sea especializado y tenga el apoyo que requiera para su labor, así como la facilidad de enviar a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada cualquier caso que el MP considere que está fuera de su competencia.
La medida está en línea con lo que asociaciones gremiales como es el caso de la Sociedad Interamericana de Prensa han solicitado como marco normativo y estándares internacionales para la protección de la actividad periodística, que en muchos lugares del mundo es altamente peligrosa, y que en nuestro país, con el avance de los grupos delincuenciales y las bandas del narcotráfico, ya comienza a serlo.
Ninguna acción que ayude a mejorar las condiciones de procuración de justicia de los ciudadanos estará de más.
En el caso de los profesionales de la comunicación existen además condiciones especiales que hacen su labor particularmente sensible, no porque merezcan protección especial, diferenciada de la del resto de la población, sino que una agresión en su contra atenta contra libertades sociales tan preciadas como la de expresión, que no debe ser acallada bajo ningún concepto.
Acallar la voz de la ciudadanía atenta contra la esencia misma de la democracia. No importa si se pretende silenciar por motivos políticos o simplemente delincuenciales, el resultado es el mismo: quitarle voz a la sociedad y poner los medios de comunicación, electrónicos o impresos a disposición de quienes infringen la ley.
Resulta oportuna la disposición de la PGR, porque ello significa que las amenazas y agresiones contra periodistas no se archivarán de manera automática y tendrán garantizado un seguimiento.
Sin embargo, mejor aún que la prioridad a esos casos, lo ideal sería que nunca se cometieran éstos y que las policías encargadas de prevenir el delito contengan a la delincuencia y al crimen organizado, de tal manera que fuera innecesaria cualquier disposición preferencial en la investigación de delitos cometidos contra los periodistas.
Urgen en el país acciones policiacas preventivas que garanticen seguridad a toda la ciudadanía por igual, de tal manera que la incidencia delictiva sea circunstancial y no un problema social en ascenso que mine la integridad física y el patrimonio de los mexicanos.
En la prevención del delito está la clave para evitar que la procuración de justicia tenga que hacerse tan compleja. El fin último es que la sociedad viva tranquila, a partir de que las autoridades puedan prevenir con eficacia el crimen organizado y la delincuencia en general.
Urge mejor coordinación entre policías, para un combate más serio y científico de la criminalidad, de tal manera que el día de manana no haya ningún mexicano amenazado o agredido por hacer su trabajo. (El Universal)
