Por primera vez en la historia los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron por su Presidente de manera pública, en sesión transmitida en su propio canal de televisión y vía Internet. Elegido el veracruzano Guillermo Ortiz Mayagoitia, corresponderá a él sumar a la transparencia de origen otra, en cuanto al uso de recursos y al desempeno de la Corte misma, esa que sería deseable acercar a la ciudadanía común, en lugar de mantener como espacio en el que se dirimen conflictos entre poderosos.
El episodio de la elección de Ortiz está cargado de significación, pues consolida la voluntad de apertura de uno de los Poderes de la Unión que en la práctica de buena parte del siglo XX estuvo absolutamente supeditado al Poder Ejecutivo y que aun en tiempos muy recientes ha enfrentando presiones para ajustar sus pronunciamientos a intereses políticos.
Es un buen primer paso de una marcha muy larga para sustraer al máximo tribunal de la atención consentida a los asuntos de controversia entre poderes políticos y temas que importan a las grandes empresas, y acercarla en cambio a la ciudadanía para que otorgue a ésta la administración de la justicia con prontitud, independencia, imparcialidad, profesionalismo y excelencia, como dice el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación.
Lo peor que puede sucederle no sólo a la Suprema Corte de Justicia sino al país mismo es que sus jueces no tengan la confianza ni el respeto de los ciudadanos, porque su función es indispensable para fortalecer el Estado de Derecho, esa asignatura pendiente para la construcción del espacio que nos permitirá a los mexicanos una convivencia mejor.
Como jurista de una trayectoria de tres decenios, Ortiz Mayagoitia debe estar consciente de la necesidad de que desde la cabeza del sector parta la senal de que en el Poder Judicial se apuesta por la rendición de cuentas y se rechazan conductas reprochables o directamente venales que, en ningún caso, habrían de ser protegidas por un muro de togas, como en la Iglesia ocurre cuando el muro de sotanas se despliega alrededor de sus miembros pecadores.
Su trabajo no se antoja fácil al ver que los juzgados de a pie en México, los que tocan a la gente común, parecieran al borde del colapso bajo pilas de legajos cosidos todavía con aguja e hilo que nos hablan de costumbres arcaicas, de juicios sin que acusados, acusadores, testigos, fiscales y defensores sean debidamente escuchados ni se permitan más pruebas que las que pone en esos oscuros legajos el todopoderoso Agente del Ministerio Público.
Los juicios orales se están haciendo impostergables. La Cámara de Diputados ya tiene una propuesta ciudadana en estudio, pero para avanzar necesitará la buena disposición del Poder Judicial, reticente hasta ahora.
Los 11 ministros de la Suprema Corte, que saben en qué grado mejoran las cosas cuando hay claridad en la operación y se establece un sistema de rendición de cuentas, deben aceptar que la receta que es aplicable a ellos mismos tendría que extenderse a todos sus colegas para ir fortaleciendo en México una muy necesaria cultura del respeto por la legalidad. (El Universal).
