Una ciudad inclusiva y accesible asegura que todas las personas con independencia de su condición de género, raza, edad, situación económica, condición migratoria y cualquier otro factor, puedan ejercer sus derechos humanos y aprovechar las oportunidades de desarrollo que ofrezca el entorno, manifestó el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Juan José Zepeda Bermúdez.
Indicó que todas y todos tienen el derecho de un desarrollo integral y completo como persona humana, lo que debe darse en las condiciones dentro de cada ciudad. Esto, por supuesto, incluye a las personas de la diversidad sexual, quienes deben ser más visibilizadas para que dejen de ser objeto de violencia y discriminación.
Trabajar en coordinación
Las instituciones deben trabajar de manera coordinada para que se dejen de reproducir los sistemas de dominación construidos con lógicas patriarcales, no binarias y heteronormativas, lo que representa una limitación a demandar necesidades inherentes al género binario.
Los derechos de las personas no binarias excluyen el diseño y la construcción de las ciudades. “No es posible que en estos tiempos se siga contemplando ese tipo de criterios, la misma ONU, en 2016, en la nueva agenda establece que las ciudades deben adoptar un enfoque inclusivo para erradicar la discriminación”, dio a conocer.
Desafortunadamente, todavía algunos países siguen oponiéndose a la agenda propuesta por la ONU, bloqueando principalmente la inclusión de la población lésbico, gay, bisexual y trans, para reconocer sus derechos humanos, penalizando, incluso, cualquier conducta no heterosexual.
Enfatizó que para evolucionar a una ciudad inclusiva y desarrollada, se requiere de indicadores reales y concretos que reflejen la diversidad de los grupos sociales que existen, porque no es posible hablar de nuevas políticas públicas si no se tiene información confiable y sustentable.
Las ciudades que hoy se consideran desarrolladas tuvieron que evolucionar en sus prejuicios, en sus formas de relacionarse, de convivir, en sus normas sociales y jurídicas, partiendo desde la esfera personal y familiar, hasta lo social.
Las organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos en México coinciden en la necesidad de construir comunidades incluyentes, para que ya no se ponga en peligro la integridad de las personas de la diversidad, las cuales representan hoy día más de cinco millones en todo el país.
