Ninguno de los precandidatos de los principales partidos políticos que más gastaron en sus campanas televisivas obtuvo la nominación. Arturo Montiel, del PRI, declinó por un escándalo de corrupción; Santiago Creel, del PAN, fue vencido inesperadamente por Felipe Calderón, y Bernardo de la Garza, del Partido Verde, prefirió asociarse con el PRI en apoyo del candidato Roberto Madrazo.
De acuerdo con un monitoreo realizado por el IFE, los ahora candidatos estuvieron en la media de intensidad promocional.
Es fácil concluir, como muchos sabían, primero, que los medios electrónicos ayudan, pero no en forma definitiva; segundo, que hay un abanico enorme de aspectos que cuidar en la carrera presidencial, más allá de la fuerza de la repetición de imagen en canales de difusión masiva.
La lección debe ser aprovechada ahora que las campanas ya están en marcha. Lo más cuestionable de los procesos internos partidistas y sus precampanas fue la falta de transparencia en el origen, monto y aplicación de los gastos. En general, no sabemos la cuantía precisa de los recursos erogados, el origen, el verdadero costo de las campanas, las características de los descuentos o las tarifas preferenciales aplicadas a los candidatos o a sus partidos. Menos idea tenemos de los compromisos que pudieron derivarse de tales arreglos.
Ahora el Instituto Federal Electoral tiene un gran reto de cara a la sociedad y en un momento definitorio para la nación mexicana: le compete no solamente llevar la cuenta de los spots, desplegados, tiempos al aire y demás formas de publicidad y propaganda política de cada partido, sino además determinar los gastos y su difusión oportuna a la opinión pública en aras de la transparencia que los electores demandan para abonar así de legitimidad el proceso de sucesión presidencial.
Pero más que eso, las autoridades competentes deben indagar también sobre quiénes son los financiadores interesados de tales excesos publicitarios. Que nadie se sorprenda después.
Hay una paranoia detrás de la compra compulsiva de spots televisivos para las campanas electorales; pareciera que se les atribuyen capacidades prodigiosas para ganar. Ideas y propuestas resultan secundarias.
Pero el descrédito de partidos, candidatos y políticos en general ha llegado a un nivel muy preocupante, mas aquellos que sigan por el camino del derroche, tampoco ganarán. Los electores demandan moderación y sensatez en los insultantes y desproporcionados gastos de campana.
Los candidatos, incluso, han llegado al punto de anunciar que se someterán al escrutinio ciudadano, pero por otro lado negocian espacios diarios en la televisión; como si los votantes fueran incapaces de discernir una contradicción tan obvia.
Además, el uso discrecional del dinero de los partidos políticos para las campanas atenta gravemente contra los fundamentos de la democracia. Si se rompe la equidad y unos candidatos toman ventaja sobre los otros, estamos repitiendo entonces las mismas prácticas que censurábamos hace apenas unos anos.
La transparencia es un requisito sin el cual no es posible dar credibilidad al proceso electoral completo. Ya es demasiado negativa la opinión que la sociedad tiene de la política y de los políticos como para insistir en actitudes censurables. El abstencionismo está a la vista. Los candidatos habrán de evitar toda sospecha sobre el origen, monto y gasto excesivo del financiamiento legal de las campanas.
México reclama a los candidatos compromisos verdaderos y acciones que contribuyan a restaurar la confianza en los partidos políticos y por supuesto en los comicios, para darle, así, certidumbre al país. Ya hay lecciones de sobra, ahora sólo falta que se vea la buena voluntad. (El Universal)
