"Hace un ano dos explosiones mataron a ocho personas e hirieron a muchas más en pleno festejo por el 198 aniversario de la Independencia, en Morelia, Michoacán. El atentado, reflejo de la profundidad y la gravedad del combate contra el crimen organizado, representó el primer ataque terrorista en México, un suceso salvaje como otros de autoría delictiva, pero esta vez de repercusión nacional por la fecha y el lugar en que se dieron. A partir de entonces nadie puede decir que la población civil es ajena a la lucha entre cárteles y autoridades. El hecho es emblemático.
Por estas razones, el gobierno mexicano debía resolver el episodio de manera ejemplar, con un trabajo de inteligencia, de investigación policial, de procedimientos judiciales y de presentación de cargos que mostrara que el Estado puede ser eficiente cuando menos en los casos de alto impacto mediático. Por desgracia, a 12 meses de distancia, no se siguió ninguna de las tres etapas de la solución. Resultó que fueron más eficaces las facciones criminales a la hora de encontrar y entregar a los presuntos responsables. Las denuncias ""anónimas"" y los ""testigos protegidos"" -criminales arrepentidos- han desplazado a la investigación en la estrategia persecutoria federal.
Como si la forma en que la policía ""capturó"" a los acusados no fuera razón suficiente de escepticismo, ahora nos enteramos de que en manos de los jueces hay un expediente sin el sustento necesario para dictar una sentencia contra los inculpados.
El atentado en Morelia, desde cualquier valoración, ejemplifica dónde se está equivocando México a la hora de combatir a los enemigos del estado de derecho. Los criminales presentan un macabro mensaje mediático para generar pánico, mientras el Estado responde con spots y conferencias de prensa, soportadas en pruebas de barro. El Universal
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